En esta entrada del blog La Ventana Jurídica compilo algunos de los conceptos básicos que, en materia de propiedad intelectual, han sido abordados por los Juzgados y Tribunales españoles en los últimos años.
Para facilitar esta exposición he considerado que lo más adecuado es dividirla en los siguientes apartados:
Acciones de cesación y remoción de actividad ilícita
Acción de revisión por remuneración no equitativa
Actos y espectáculos públicos organizados por Ayuntamientos
Citas
Colecciones y bases de datos
Creación laboral
Contrato de edición
Contrato de impresión editorial
Creaciones publicitarias
Derechos morales
Derechos patrimoniales
Derechos de explotación
Derechos de distribución
Formatos de televisión
Integridad de la obra
Legitimación de las entidades de gestión
Licencias copyleft
Licencias creative commons
Obra
Obra audiovisual
Obra colectiva
Obra científica
Obra fotográfica y mera fotografía
Originalidad de la obra
Retribución equitativa
Signo de copyright
Transformación de una obra
Transmisión de derechos de explotación
ACCIONES DE CESACIÓN Y REMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA
En el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se establece, en su art. 17, que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.
El titular de los derechos reconocidos en l, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá, según prevé el art. 138 de dicho texto legal, instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en el artículos 139 y también podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.
El cese de la actividad ilícita, según señala el art. 139 del Real Decreto Legislativo 1/1996, podrá comprender:
La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá, conforme dispone el art. 140 del Real Decreto Legislativo 1/1996, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho.
La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:
ACCIÓN DE REVISIÓN POR REMUNERACIÓN NO EQUITATIVA
Si en la cesión a tanto alzado se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, el art. 47 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, establece que aquél podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso; añadiendo el citado precepto que esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la cesión.
Aunque algunos autores han relacionado esta figura con la cláusula rebus sic stantibus, lo cierto es que, como indicaba la Sentencia de la Sala Primera de fecha 05/02/2016, la reseñada norma no exige el elemento de ausencia de previsibilidad propio de esta institución, sino únicamente "la manifiesta desproporción" entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario.
Con dicho precepto, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual se aparta del criterio general de nuestro ordenamiento jurídico consistente en respetar el precio acordado por las partes aunque pueda considerarse que no es un "precio justo", y lo hace, según afirmaba la citada Sentencia del Tribunal Supremo, con una finalidad tuitiva del autor, en tanto que éste es considerado como la parte más débil en la contratación en el ámbito de la propiedad intelectual.
Por tanto, se trata de un beneficio legal irrenunciable incluido en el ámbito del art. 55 del Real Decreto Legislativo 1/1996 y relacionado con otras previsiones de dicha ley, como es la del derecho de participación de los autores de obras plásticas del art. 24 del Real Decreto Legislativo 1/1996.
Según declaraba la Sentencia Núm. 14/2000, de 24 deenero, del Alto Tribunal español que esta figura no es aplicable retroactivamente a aquellos contratos celebrados con anterioridad a la Ley de Propiedad Intelectual de 1987.
La acción de revisión del cesionario de derechos de autor, conforme se decía en la Sentencia Núm. 14/2000, de 24 de enero, de la Sala Primera, procede cuando la retribución del autor se ha establecido mediante la determinación de una cantidad fija y se constata la existencia de desproporción entre la remuneración percibida por el autor y los beneficios del editor.
ACTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ORGANIZADOS POR AYUNTAMIENTOS
Indicaba la Iltma. Audiencia Provincial de A Coruña, en su Sentencia de fecha 13/02/2012, que los actos y espectáculos públicos estén organizados por los Ayuntamientos no significa que estén exentos del pago de los legítimos derechos de autor que tengan amparo en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Y a la viceversa, según argüía la Iltma. Audiencia Provincial de A Coruña, cuando sean otros sus organizadores, autónomamente y sin dominio funcional o participación relevante del Ayuntamiento, aunque hubiera permitido su celebración en locales o espacios públicos, al estar éstos al servicio de la ciudadanía en sus diversas manifestaciones sociales, políticas, religiosas, culturales, deportivas o de otro tipo, y no obstante la eventualidad de alguna contribución o ayuda económica municipal para las fiestas, al igual que tampoco serían responsables legalmente los meros patrocinadores.
Continuaba la Sentencia de fecha 13/02/2012 señalando que no bastaba, en principio, con alegar simplemente aquella ajenidad para rechazar la reclamación de la SGAE contra el Ayuntamiento, cuando los actos, que conforme a la Ley devenguen los derechos en cuestión, se realizen organizadamente, y no espontáneamente, en lugares o locales de la titularidad municipal, más aún si son de abono, al poderse, entonces, presumir judicialmente, y en buena lógica, su consentimiento e intervención.
CITAS
Al hablar de derechos de autor (títulos de propiedad intelectual) se piensa habitualmente en los libros, en el cine y en los discos.
Sin embargo, existen muchas otras obras intelectuales que pueden ser protegidas en base a su originalidad literaria, artística o científica.
Tal y como afirmaba la Sentencia de la Iltma. Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de fecha 30/07/20110, si se realiza una mera recopilación de datos o citas y se procede a ordenarlos, el resultado final queda automáticamente protegido.
Para que se cree un título de propiedad intelectual no es necesario que dichas citas (materia prima) sean originales.
Las citas pueden pertenecer a otra persona o personas, pero su recopilación y clasificación ordenada (producto elaborado) representa un nuevo título de propiedad intelectual que se superpone (overlapping) a las citas originales.
COLECCIONES Y BASES DE DATOS
Señala el art. 12 del Real Decreto Legislativo 1/1996 que también son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de dicho texto legal, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.
La protección reconocida en el Real Decreto Legislativo 1/1996 a dichas colecciones se refiere solamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.
A efectos del Real Decreto Legislativo 1/1996, se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.
La protección reconocida a las bases de datos en virtud del citado art. 12 no se aplica a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.
CREACIÓN LABORAL
La creación laboral no comporta titularidad originaria de ningún tipo a favor del empleador.
En estos supuestos, lo que hay, conforme prevé del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1996, es una cesión de los derechos de explotación por parte de su creador (el asalariado) a favor del empresario, supeditada que se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.
A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.
CONTRATO DE EDICIÓN
El contrato de edición puede ser definido, según refería la Iltma. Audiencia Provincial de Cádiz en su Sentencia de de fecha 30/12/2016, como aquél en cuya virtud el autor, o los titulares de los derechos, ceden al editor, como mínimo, el derecho a reproducir y distribuir la obra a cambio de una contraprestación económica.
La edición supone la cesión de la obra al editor, que, a su vez, se encarga de editar y publicar la obra a cambio de pagar un precio al autor.
El contrato de edición, según exige el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/1996, deberá formalizarse por escrito y expresando en todo caso:
CONTRATO DE IMPRESIÓN EDITORIAL
Según afirmaba el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 12/07/2011, el contrato de impresión editorial es aquél por el que una de las partes se compromete a componer, reproducir, imprimir o encuadernar una obra, a cambio de un precio, no constituyendo una modalidad de venta, sino una modalidad de ejecución de obra, en que el impresor asume la posición de contratista y la otra parte de comitente o dueño de la obra.
Ha de añadirse que la impresión implica un encargo de imprimir, única y exclusivamente, la obra.
CREACIONES PUBLICITARIAS
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, establece, en su art. 23, que: "Las creaciones publicitarias podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes. / No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los derechos de explotación de las creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo".
DERECHOS MORALES
El derecho de autor, que es inescindible y ha de ser contemplado en unicidad, tiene un contenido plural de facultades propias y proyecciones, según refería la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 03/06/1991, que pueden encuadrarse en dos grupos:
En defecto de los herederos, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las instituciones públicas de carácter cultural están legitimadas para ejercer los derechos personales (art. 16 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
No es posible transmitir inter vivos las facultades morales del autor; dado su carácter personalísimo.
DERECHOS PATRIMONIALES
Como se exponía en la Sentencia Núm. 24/2016, de 19 de abril, de la Iltma. Sección 5ª de la Iltma. Audiencia Provincial de las Islas Baleares, dentro de los derechos patrimoniales se pueden distinguir los derechos exclusivos y los de simple remuneración.
El art. 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996 prevé, en cuanto a los derechos exclusivos, que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.
Junto a los derechos exclusivos de explotación están los de simple remuneración, que no permiten al autor un control sobre la explotación, sino simplemente un beneficio económico y, entre ellos, se destacan los siguientes:
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
El derecho de explotación condensa la remuneración o provecho que el legislador creyó oportuno reconocer al autor de una obra original superando el tradicional sistema de privilegios.
Tiene, en consecuencia, una finalidad eminentemente lucrativa, comprendiendo tanto derechos exclusivos como de simple remuneración, debiendo destacarse que, como expresa el citado art. 17, del Real Decreto Legislativo 1/1996 el derecho general de explotación puede realizarse "en cualquier forma".
Por su parte, el régimen de transmisión de los derechos de explotación viene establecido en los artículos 42 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996 con un marcado carácter tuitivo de los autores, estableciendo interpretaciones restrictivas a favor de una limitada transmisión de derechos.
La cesión puede ser mas o menos amplia, adoptando distintas modalidades, a voluntad de las partes, pero, en caso de duda acerca de su alcance, debe ser interpretada a favor de los autores, conforme a lo dispuesto en el artículo 43,2, que señala que, si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra objeto de la cesión, quedará limitada a aquella modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir su finalidad.
Conviene destacar que, conforme exponía la Sentencia dictada por la Iltma Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 27/10/2011, el artículo 56,1 del Real Decreto Legislativo 1/1996 establece el principio de la irrelevancia de la cesión del soporte a los efectos de transmisión del derecho de explotación sobre la obra que incorpora, o, lo que es lo mismo, y como establece el artículo 3,1, la independencia de los derechos de autor, que recaen sobre algo inmaterial, respecto de los derechos que recaen sobre el soporte físico.
DERECHO DE DISTRIBUCIÓN
Afirmaba la Sentencia Núm. 92/2012, de 16 de marzo, de la Iltma. Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid que los derechos de explotación y distribución no son dos derechos distintos, sino que el derecho de distribución es una de las modalidades del derecho de explotación, es decir, de las facultades patrimoniales del autor.
Recuérdese que, bajo la rúbrica "Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades", el art. 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996 establece que: "Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley".
FORMATOS DE TELEVISIÓN
El diccionario de la lengua de la Real Academia Española, como tercera acepción de la palabra "formato", da la siguiente: "conjunto de características técnicas y de presentación de una publicación periódica o de un programa de televisión o radio".
Aplicado a los programas de televisión, "formato", según decía la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 4623/2014, de 22 de octubre, es el conjunto de elementostécnicos e intelectuales destinados a la realización de un programa de televisión de emisión periódica con una estructura narrativa, unos personajes y unos elementos escénicos comunes para todas las emisiones, normalmente expresados en un documento.
Añadía la citada resolución del Alto Tribunal español que, pese a no estar previsto el "formato" como una de las obras protegidas por la propiedad intelectual en el art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, se considera que el "formato" del programa de televisión puede considerarse como una obra a estos efectos, cuando puede ser considerada como una creación original, en este caso literaria y/o artística.
Según la Sala Primera, es significativo que el art. 10.1.f del Real Decreto Legislativo 1/1996 considere como obras protegidas por la propiedad intelectual los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, y que el art. 87.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996 reconozca la condición de autores de la obra audiovisual, en los términos del art. 7 (obras en colaboración), a los autores del argumento y los del guión o los diálogos.
Y es que estas obras presentan elementos comunes con los "formatos" televisivos, en tanto no están dotadas de la expresión formal definitiva de la arquitectura o ingeniería (caso de los planos, proyectos, maquetas y diseños) o de las obras audiovisuales (caso de los argumentos, los guiones y los formatos televisivos).
Consideraba el Tribunal Supremo, en el reseñado pronunciamiento de fecha 22/10/2014, que es su contenido (las ideas, indicaciones, características técnicas, etc.) en ellas plasmadas, lo que al ser ejecutado o actuado dará lugar a ese tipo de obras de arquitectura o ingeniería, en un caso, y audiovisuales, en el otro.
Se trata, en consecuencia, de obras en las que, al contrario de lo que ocurre con la mayoría de las que obras protegidas por la propiedad intelectual, la forma de la expresión es muy secundaria respecto del contenido expresado.
El contenido se impone como factor necesario, siendo el margen para la recreación formal del mismo escaso y de importancia muy secundaria, ya que, en ellas, la originalidad opera directamente sobre el contenido.
Lo expuesto, razonaba la Sala Primera, no contradice la regulación de la protección conferida por la propiedad intelectual, pues la contraposición entre la "forma de expresión" que constituiría el continente (en principio, lo protegido por la propiedad intelectual) y las "ideas" que constituirían el contenido (que suele afirmarse se halla exento de protección) no puede establecerse por igual en todas las categorías de obras.
Consideraba el Alto Tribunal que la afirmación de que sólo la "forma" de una obra, y no su "contenido," es objeto de protección por la propiedad intelectual había de ser matizada.
Señalaba la citada Sentencia Núm. 4623/2014 que es significativo, por ejemplo, que entre los derechos de explotación del autor se encuentre el derecho de transformación (arts. 11, 17, 21, 89 Real Decreto Legislativo 1/1996), en que se modifica la "forma" de la obra pero se mantiene, más o menos sustancialmente, su contenido.
Es por ello, necesario relativizar la dicotomía forma/contenido, en la que la "forma" estaría protegida por la propiedad intelectual, mientras que el contenido carecería de tal protección, ya que, en este tipo de obras (planos, proyectos, maquetas, diseños, y argumentos, guiones y formatos televisivos), es el contenido lo que se protege por encima de la forma en que está expresado.
Declaraba la Sala Primera que, como consecuencia de lo expuesto, la protección de este tipo de obras presenta unos problemas distintos a los que afectan a la protección de las obras literarias tradicionales (narrativa, ensayo, poesía) o las obras plásticas.
Al autor del plano, del proyecto, de la maqueta o del diseño de ingeniería o arquitectura, al autor del argumento, del guión de la obra audiovisual o del "formato" televisivo, le sirve de muy poco estar protegido frente a reproducción, comunicación, publicación o distribución inconsentida del texto, formas normales de explotación del soporte expresivo en que consiste la obra previstas en los arts. 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, ya que no es así como de ordinario se violará su derecho.
Lo que interesa al autor de este tipo de obras, según afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22/1072014, es la protección frente a lo que lo que se puede calificar como aplicación o ejecución del contenido de su obra, frente a la explotación, a la integración de dicho contenido en la actividad económica de un tercero, en el proceso de producción y oferta de bienes o servicios sin su consentimiento.
Sostiene la Sala Primera que no existe obstáculo legal para otorgar tal protección a los formatos televisivos por cuanto que, según el art. 17 de la Real Decreto Legislativo 1/1996, corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier
forma, por lo que cualquier forma de explotación de su obra tiene que ser protegida.
Téngase en cuenta que la enumeración de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación que se hace a continuación en el citado art. 17 sólo tiene un carácter enunciativo, pues constituyen las formas de explotación típicas y más frecuentes de una obra protegida por la propiedad intelectual, pero no las únicas posibles.
Ahora bien, el Tribunal Supremo matiza que no cualquier formato televisivo puede ser considerado una obra protegida por la propiedad intelectual.
Lo cierto es que la expresión "formato televisivo" es muy genérica e imprecisa y puede abarcar realidades muy distintas.
La protección de los argumentos de obras audiovisuales presenta similares problemas: con qué características y a partir de qué grado de formulación expresiva, en cuanto a concreción, complejidad, etc, deja de ser un hecho ajeno a la propiedad intelectual o sólo una idea general no protegible por la propiedad intelectual y se convierte en un "argumento" de una obra audiovisual o en un "formato" televisivo.
Al igual que sucede con el argumento, es preciso, según indica la Sentencia de fecha 22/1072014, que se produzca el salto cualitativo entre lo que son meras concepciones generales y lo que es la plasmación de las mismas, de un modo pormenorizado y formalmente estructurado, dando lugar a una creación de cierta complejidad, mediante una actividad creativa, sin que sea necesario que tenga la complejidad y pormenorización del guión, que describe las escenas con mayor detalle ya que contiene "palabras que se transforman en imágenes".
INTEGRIDAD DE LA OBRA
Como decían, entre otras, las Sentencias de la Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid de fecha 09/12/2008 y de la Iltma. Audiencia Provincial de Alicante de fecha 11/03/2011 que por integridad de la obra se ha venido entendiendo tradicionamente tanto el ataque directo como el indirecto.
Esto es, la prohibición de efectuar, sin autorización del autor, modificaciones más o menos radicales del contenido ideal de la misma que afecten a su esencia, debiéndose considerar vedadas aquellas alteraciones o deformaciones sustanciales, susceptibles de transmitir un sentido o idea diferente a la perseguida por el autor, o bien respetando su integridad pero presentarla en un contexto que determine o conlleve la alteración de su esencia o significado.
Y es que el significado de la obra está determinado por aquellos elementos que la caracterizan y la dotan de individualidad, de modo que su modificación o deformación cambiaría la concepción artística de la obra protegida.
A la hora de perfilar cuáles son esos elementos esenciales ha de estarse a la específica naturaleza de cada obra en concreto y al medio por el que se expresa, ya que lo que, en algunos casos,no pasaría de ser una modificación accesoria o insustancial cobra en otros una especial relevancia o significación.
Igualmente, en el supuesto de que se produzcan varias alteraciones, habrán de valorarse no separada o aisladamente sino en su conjunto.
Únicamente si se toma en consideración el resultante final y global se puede ponderar si la obra conserva,, en lo fundamental, la concepción, sentido y significado de la que quiso dotarle su creador, o, si por el contrario, este se ha visto modificado por la interacción de factores que por sí solos, aisladamente valorados, no son capaces de producir tal resultado.
LEGITIMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN
Según establece el art. 150 del Real Decreto Legislativo 1/1996: "Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. / Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa.
Del articulado del Real Decreto Legislativo 1/1996 resulta, según exponía la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10/05/2002, que los autores pueden hacer valer directamente sus derechos, pues la actuación necesaria a través de una entidad de gestión únicamente es exigida en los supuestos de los artículos artículos 25.7 y 90.7 del Real Decreto Legislativo 1/1996, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor.
No obstante esa libertad de gestión, el Alto Tribunal indicaba que la experiencia demuestra que los titulares de estos derechos no gestionan directamente los derivados de la comunicación pública de fonogramas por medios mecánicos y de transmisión publica mediante aparatos de televisión en establecimientos abiertos al público, sin duda por la imposibilidad de llevar a cabo en adecuado control de la ejecución de esos actos de comunicación, habida cuenta de los numerosos establecimientos en que los mismos se llevan a cabo..
Continuaba la decisión de 10/05/2002 señalando que cuando el artículo 150 dice que "Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales", debe entenderse partiendo de lo antes dicho, que la expresión "derechos confiados a su gestión" puesta en relación con la de "en los términos que resulten de sus estatutos", se refiere a aquellos derechos cuya gestión "in genere" constituye, de acuerdo con los estatutos, el objeto de actuación de la entidad de gestión, no a los concretos derechos individuales que, mediante contratos con los titulares de los mismos o acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad, les hayan sido encomendados para su gestión.
La citada resolución del Tribunal Supremo concluía señalando que el art. 150 atribuye una legitimación, que denomina presunta, a las entidades de gestión de los derechos de autor "para cuando se trata de la defensa de los derechos de comunicación que requieren una autorización global".
En suma, la legitimación extraordinaria, propia, y de carácter legal del artículo 150 del Real Decreto Legislativo 1/1996, atribuye a las entidades de gestión la necesaria legitimación respecto de los derechos de ejercicio necesariamente colectivo o para aquellos que requieren una autorización global.
LICENCIAS COPYLEFT
Las licencias copyleft surgieron en relación a los programas de ordenador, permitiéndose hacer uso del software para cualquier fin, copiarlo y modificarlo, con la condición de que el programa se pusiera al alcance del resto de usuarios bajo la misma licencia (véase la Sentencia de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid de fecha 18/02/2011).
LICENCIAS CREATIVE COMMONS
Explicaban las Sentencias de la Iltma. Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de fechas 18/02/2011 y 05/10/2015 que, en el supuesto de las licencias creative commons, el autor, que crea la obra y quiere explotarla a través de internet, elige algún tipo de estas licencias y al ponerla a disposición del público la identifica con el símbolo "CC" y le adjunta la licencia.
Cuando un usuario decide utilizar una obra se convierte en licenciatario y se compromete a aceptar y respetar las condiciones que el autor ha establecido para el uso de la obra.
De entre éstas condiciones son relevantes aquellas que excluyen la posibilidad de utilizar la obra con fines o usos comerciales, identificada con una señal de prohibición en la que se inserta el símbolo del euro.
Ello implica que las citadas licencias no responden a un patrón único, sino que permiten muy diversas variantes según el grado de disposición de los derechos que determine el autor.
Por otro lado, ha de indicarse que las licencias creative commons se refieren a los derechos de autor, no a los intérpretes o productores.
Es más, no cabe identificar las licencias creative commons son obras no protegidas, pues, como se indicaba más arriba, se trata de obras en las que el autor se reserva unos derechos y autoriza otros, según cada caso.
OBRA
Conviene no perder de vista que el objeto de la propiedad intelectual es la obra y que, conforme resulta del art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, se considera obra, toda creación humana original que se exteriorice en una forma novedosa por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro (art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Quedan excluidos del ámbito de la protección de la propiedad intelectual, según establecía Sala Primera, en su Sentencia de fecha 26/10/1992, las ideas que se plasman en la obra y el estilo seguido o creado por el autor.
El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual enumera como obras: l
los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza;
Tampoco lo son las piezas, por ejemplo, de joyería, o primigenias, modelo para producción en serie por medios mecánicos, de orfebrería, bisutería si no son creaciones originales en su sentido subjetivo -esto es, cuando refleja la peculiaridad del autor y su esfuerzo creativo-, así como objetivo -es decir, novedad-, a falta de novedad y altura inventiva (véase la Sentencia del Alto Tribunal español de fecha 26/10/1992).
OBRA AUDIOVISUAL
Una obra audiovisual, según se decía en el Auto dictado, con fecha 13/01/2017, por la Iltma. Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, no puede ser considerada como tal sino cuando está terminada mediante el establecimiento de la versión definitiva de la misma (artículo 92.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Será entonces cuando surjan los derechos inherentes a la titularidad sobre dicha obra y, por ello, únicamente cuando la obra audiovisual esté finalizada podrán ejercitarse los derechos morales con respecto a ella (artículo 93.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Entretanto únicamente mediarán los derechos de propiedad intelectual que correspondan sobre la parte realizada o aportaciones efectuadas (argumento, guión, música, etc) con miras a constituir una obra audiovisual.
Indicaba la citada resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que la determinación de qué es lo que constituye la versión definitiva de una obra audiovisual debe hacerse de mutuo acuerdo entre el director y el productor (artículo 92.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Ahora bien, el productor no merecerá la consideración de autor de la obra, a diferencia del director, que sí lo será, en concurrencia con otros -argumentista, guionista, compositor musical-, en lo que legalmente está calificado como una obra en colaboración (artículos 7 y 87 del del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Entre las labores consustanciales a la dirección se encuentran las de coordinación y traducción de la idea al medio cinematográfico mediante el rodaje, la selección de escenas y el montaje del material audiovisual.
No obstante, el productor, cinematográfico aparte de los derechos afines a los de propiedad intelectual (sobre la primera fijación de la grabación audiovisual previstos en los artículos 121 a 124 del del Real Decreto Legislativo 1/1996) y de los que fueran objeto de cesión a su favor (artículo 88 del Real Decreto Legislativo 1/1996), tiene reconocido, con carácter especial, el derecho para intervenir en la determinación de lo que debe constituir la versión definitiva de la obra (artículo 92 del del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Se argumentaba en el pronunciamiento, antes citado, de fecha 13/01/2017 que es una gran consideración justificada por ser el productor quien proporciona y soporta los medios para que la actividad de creación pueda llegar a plasmarse en una obra audiovisual, lo que explica que se le conceda el derecho a poder influir en que la versión final resulte un producto adecuado para su explotación comercial, por lo que no se le deben imponer características del producto que puedan suponer problemas a ese respecto (así, por ejemplo, la duración excesiva, la inclusión de contenidos inadecuados para un determinado contexto social, etc).
En suma, es necesario que concurran el consentimiento del director-realizador, que sí es un verdadero creador intelectual, y el del productor, que es un empresario del ramo y que tiene derechos de especial significación reconocidos por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, para que merced a ello pueda llegar a determinarse cuál ha de ser la versión definitiva de la obra.
Lógicamente no se planteará problema alguno cuando medie acuerdo al respecto entre director y productor.
No obstante, cuando se produce una discrepancia entre ellos hay que buscar los modos de solventarla, y, para ello,,el meritado Auto de la Iltma. Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid sienta las siguientes pautas:
OBRA COLECTIVA
Se considera obra colectiva, según especifica el apartado primero del art. 8 del Real Decreto Legislativo 1/1996, la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.
De ahí que la participación de varios "autores", que aportan sus creaciones originales, sea el presupuesto básico de la obra colectiva (véase la Sentencia del Alto Tribunal español de fecha 25/02/2014).
Para calificar una obra de colectiva es necesario, según sentaba la Sala Primera en su Sentencia de fecha 11/07/2000, que las distintas aportaciones de cada autor al resultado final tenga la entidad suficiente para mostrarse como piezas necesarias y, en algún sentido equiparables, por su carácter decisivo, en el conjunto para que no puedan confundirse con meras colaboraciones o actos de ejecución del proyecto.
En cuanto a la exigencia de que la creación de la obra se realice por la "iniciativa de un tercero" ha de decirse que la iniciativa a la que se refiere el art. 8 antes transcrito no equivale a mera ideación, sino que está conectada a la idea de decisión, resolución o impulso para la materialización de un proyecto, allegando los recursos necesarios para ello. En este sentido, según indicaba la Sentencia Núm. 67/2016, de 19 de febrero, de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, la iniciativa que requiere el Real Decreto Legislativo 1/1996 es más bien de orden económico o empresarial.
Respecto del requisito de la "coordinación por un tercero" ha de destacarse que implica una posición de ascendencia y un rol de dirección, que no tiene por qué traducirse necesariamente en la impartición de instrucciones acerca del carácter o contenido de cada aportación, pudiendo concretarse, entre otros aspectos, en los siguientes:
Ahora bien, según indicaba la Sentencia Núm. 67/2016, de 19 de febrero, de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, ello en nada afecta a los derechos morales de los diferentes autores partícipes sobre sus respectivas aportaciones singulares, en los términos establecidos en los apartados 3 y 6 del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, ni a su derecho a explotarlas separadamente, si ello es posible al margen de su inclusión en la obra colectiva, o, en el supuesto de obras reproducidas en publicaciones periódicas, en cualquier forma que no perjudique la normal de las mismas (artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
OBRA CIENTÍFICA
Decía la Sala Primera, en su Sentencia de fecha 08/11/2012, que la obra científica, a la que hace referencia el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , es susceptible de protección como objeto del derecho de autor, pero no por su contenido -científico, técnico o útil en la práctica-, sino por tener, si la tiene, una forma de exposición original.
Recuérdese que, en el ANEXO 1C. del Instrumento de Ratificación por el Reino de España del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contrataci6n Publica, hechos en Marrakech el 15/04/1994 (véase el BOE de fecha 24/01/1995), se prevé que, bajo la rubrica "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio", que la protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación.
De ahí que el Tribunal Supremo sostenga que las creaciones científicas no son objeto de propiedad intelectual, por razón de su contenido -ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos-, ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino únicamente por la forma literaria o artística de su expresión
En otras palabras, entiende el Alto Tribunal, en la citada Sentencia de fecha 24/06/2004 ,que el derecho de autor protege no las ideas sino la forma en que las mismas aparecen recogidas en la obra, pues la libertad de utilización de ideas y conocimientos es esencial para el desarrollo social, cultural, económico y científico, y sobre ellas no cabe un derecho de exclusiva, al menos al amparo del derecho de autor.
Por tanto, lo relevante en las obras científicas no es tanto que su contenido sea distinto al de otras sino la forma de expresarlo, relacionarlo, explicarlo, ordenarlo y sistematizarlo.
OBRA FOTOGRÁFICA Y MERA FOTOGRAFÍA
Bien la falta de originalidad, o bien la de creatividad, privan a la fotografía de la condición de obra fotográfica (art. 10.1.h) del Real Decreto Legislativo 1/1996), y consecuentemente de los derechos de autor, y la degradan a la condición de mera fotografía con la protección de propiedad intelectual limitada del art. 128 del Real Decreto Legislativo 1/1996.
Por tanto, lo que caracteriza a la obra fotográfica es la noción de "creación original" del art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996 que cabe entender como "originalidad creativa", cuya interpretación, que resulta reforzada por la referencia de la Disposición adicional décima de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, "a grado de creatividad y de originalidad necesario" para ser protegido como obra artística, es, la posición común de la doctrina, y, además, es especialmente relevante en materia fotográfica para distinguir las creaciones artísticas -obras fotográficas- de las meras fotografías.
La creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual, -talento, inteligencia, ingenio, invectiva, o personalidad- que convierte a la fotografía en una creación artística o intelectual-.
La singularidad no radica en el objeto fotográfico, ni siquiera en la mera corrección técnica, sino en la fotografía misma, en su dimensión creativa.
Ha de agregarse que, como señalaba la Sentencia Núm. 542/2004, de 24 de junio, del Tribunal Supremo que no basta una novedad objetiva cualquiera, sino que requiere una relevancia mínima.
Por tanto, la diferenciación entre una obra fotográfica y una mera fotografía recae en la valoración de una cierta altura creativa.
La ponderación de la suficiencia creativa depende de las circunstancias de cada caso, ya que son diversos los factores y aspectos que pueden incidir, correspondiendo su valoración, en principio, a los Tribunales, a cuyo efecto han de tomar en cuenta la pluralidad de elementos de convicción que hayan podido proporcionarles las partes -periciales, informes de expertos, revistas especializadas, exposiciones, certámenes, premios, etc.-, además de las máximas de experiencia comunes.
Esto es, en la regulación del Real Decreto Legislativo 1/1996, tal y como afirmaba la Iltma. Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 23/06/2016, se puede distinguir un doble sistema de protección para las fotografías, según puedan ser calificadas de obras fotográficas (relacionadas en el art. 10.1.h) y que confieren a su titular los derechos propios del derecho de autor) o de meras fotografías.
La protección de las meras fotografías se encuentra en el art. 128 del Real Decreto Legislativo 1/1996 que prevé que: "Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas. / Este derecho tendrá una duración de veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción".
ORIGINALIDAD DE LA OBRA
Son objeto de propiedad intelectual, según refiere el apartado primero del art. 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:
La doctrina ha definido el requisito de la originalidad en dos sentidos diferentes:
De igual modo, según resulta de las Sentencias del Alto Tribunal español de fechas 20/02/1992 y 26/10/1992l, es preciso que la originalidad tenga una relevancia mínima, esto es, que tenga una altura creativa.
Este requisito ha de ser ponderado en función de la naturaleza de la obra.
Como se declaraba en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28/01/1995, por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial.
Argumentaba el Alto Tribunal que se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio.
Y continuaba la Sala Primera indicando que las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarse de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo.
No ha de confundirse con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado, ni con los datos que las ciencias aportan para el acceso y el conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad inventiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de toda aportación posterior.
Por ello, sentaba el Tribunal Supremo la doctrina siguiente: el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales;
El plagio, cómo destacaba la Sentencia dictada, con fecha 14/07/2016, por la Iltma. Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, no desaparece por el hecho de que se intercalen en unos casos textos o figuras que no aparecen en la obra original, o se supriman párrafos que sí figuran en ésta, si tales circunstancias no impiden afirmar que se ha producido un aprovechamiento del esfuerzo intelectual desplegado por el autor de la obra original si la coincidencia de los textos en confrontación es extensa e intensa
Existe plagio parcial de una obra, según indicaban, entre otras, las Sentencias dictadas, con fechas 29/05/11 y 17/02/2016, por la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona, si la copia, o coincidencia esencial, se ha reducido únicamente a una o varias de las partes de la misma, en cuyo supuesto se reducirá el examen a la parte concurrente.
Dicho de otro modo, el que haya partes de la obra propias no exime de la infracción respecto de las restantes.
El dato de la complementación no legitima copiar la creación ajena previa en las partes que le interesan o de las que se pueda servir
Asimismo, ha de subrayarse, como ya lo hacía la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de fecha 14/07/2016, que la mera cita bibliográfica no impide la apreciación del plagio, ya que, según establece el apartado primero del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, si bien es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, sin embargo tal utilización únicamente podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
Señala el apartado quinto del artículo 108 del Real Decreto Legislativo 1/1996 que: "Los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicación pública previstos en el artículo 20.2.f) y g) tienen obligación de pagar a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones audiovisuales la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión".
Declaraba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de fecha 06/02/2003 (C-245/2000) que el concepto de remuneración equitativa, incluido en Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19/11/1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, ha de ser interpretado de manera uniforme en todos los Estados miembros, por más que incumba a cada uno de ellos determinar, en su territorio, los criterios más pertinentes para lograr, dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario, el cumplimiento de la exigencia.
En la Sentencia de fecha 11/12/2008 (C-52/2007), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmaba, en relación con las tarifas por la comunicación pública de obras musicales, que las mismas han de tener una relación razonable con el valor económico de la prestación realizada por la entidad, que consiste en poner el repertorio de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual que gestiona a disposición de quienes puedan utilizarlo; y, a su vez, que, en la medida en que se trata de retribuir a los titulares de los derechos sobre las obras, procede tomar en consideración el carácter especial de estos derechos.
Exponía el Alto Tribunal español, en su Sentencia Núm. 541/2010, de 13 de diciembre que no es correcto estar a las tarifas generales, por el hecho de que el órgano competente de la Administración al que fueron las mismas comunicadas no hubiera formulado objeciones, ya que las facultades que al mismo atribuye la norma, no son de aprobación de las tarifas, sino de vigilancia general que conlleva un grado de tutela insuficiente, desde luego, para considerar trasladada en exclusividad a la Administración y a la jurisdicción contencioso-administrativa el examen de la equidad de las tarifas.
Continuaba señalando la citada Sentencia Núm. 541/2010 que la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la negociación no comporta, automáticamente, que las sociedades de gestión impongan sus tarifas generales, tanto más si las mismas no tuvieran carácter equitativo.
Añadía la citada decisión de fecha 13/12/2010 que, ante la ausencia de acuerdo entre las dos partes, uno de los criterios a considerar a estos fines es el que ofrece la comparación con otros acuerdos a que haya llegado la sociedad de gestión con distintas entidades, ya que la equidad tiene una estrecha relación con la necesidad de que las tarifas sean comparativamente adecuadas entre unas y otras.
Ahora bien, ello no significa que deban ser idénticas, pero sí el rechazo de una excesiva desproporción que no aparezca justificada.
Concluía el pronunciamiento de fecha 13/12/2010 indicando que la norma pone en relación el deber de la sociedades de fijar tarifas generales con la utilización de su repertorio, lo que supone que no pueden quedar al margen los criterios relacionados con la amplitud del de cada una de estas entidades.
Por otro lado, el Tribunal Supremo, en su Sentencia Núm. 695/2008, de 10 de julio, estableció que el demandado no está liberado absolutamente de la carga de probar, y, antes, la de alegar, en la medida que corresponda a los criterios de disponibilidad y facilidad de hacerlo.
SIGNO DE COYRIGHT
El art. 146 del Real Decreto Legislativo 1/1996 indica que el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por esta Ley podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas.
Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario, el símbolo (p), indicando el año de la publicación.
Los símbolos y referencias mencionados deberán hacerse constar en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados.
No obstante lo anterior, afirmaba la Iltma. Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de fecha 21/05/2009, que la simple inclusión del signo del copyright no puede considerarse determinante, sin más, de que la persona a cuyo nombre va antepuesto tal símbolo es titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra, sino que constituye una presunción de dicha titularidad, aunque puede ser destruida.
Explicaba la Iltma. Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentenica de fecha 28/12/2005, que el citado art. 146 contiene una presunción iuris tantum de lo que se recoge en la reserva de derechos.
TRANSFORMACIÓN DE UNA OBRA
La transformación de una obra comprende, según dispone el art. 21 del Real Decreto Legislativo 1/1996, su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.
Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12, se considerará también transformación, la reordenación de la misma.
Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación.
TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
Para facilitar esta exposición he considerado que lo más adecuado es dividirla en los siguientes apartados:
Acciones de cesación y remoción de actividad ilícita
Acción de revisión por remuneración no equitativa
Actos y espectáculos públicos organizados por Ayuntamientos
Citas
Colecciones y bases de datos
Creación laboral
Contrato de edición
Contrato de impresión editorial
Creaciones publicitarias
Derechos morales
Derechos patrimoniales
Derechos de explotación
Derechos de distribución
Formatos de televisión
Integridad de la obra
Legitimación de las entidades de gestión
Licencias copyleft
Licencias creative commons
Obra
Obra audiovisual
Obra colectiva
Obra científica
Obra fotográfica y mera fotografía
Originalidad de la obra
Plagio
Productor de obra audiovisualRetribución equitativa
Signo de copyright
Transformación de una obra
Transmisión de derechos de explotación
ACCIONES DE CESACIÓN Y REMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA
En el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se establece, en su art. 17, que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.
El titular de los derechos reconocidos en l, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá, según prevé el art. 138 de dicho texto legal, instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en el artículos 139 y también podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.
- la suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos aquellos actos o actividades a los que se refieren los artículos 160 y 162;
- la prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora;
- la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos o cuya protección tecnológica haya sido eludida. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así;
- la retirada de los circuitos comerciales, la inutilización, y, en caso necesario, la destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así;
- la remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de obras o prestaciones, así como de aquellas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos, en los términos previstos en el artículo 162, o a las que se haya accedido eludiendo su protección tecnológica, en los términos previstos en el artículo 160.
- el comiso, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los instrumentos, con cargo al infractor, cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador. Las mismas medidas podrán adoptarse en relación con los dispositivos, productos o componentes para la elusión de medidas tecnológicas a los que se refiere el artículo 160 y para suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos a que se refiere el artículo 162.
- la remoción o el precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o la neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras o prestaciones aunque aquélla no fuera su único uso.
- la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá, conforme dispone el art. 140 del Real Decreto Legislativo 1/1996, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho.
La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:
- las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el supuesto de daño moral, procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.
- la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.
ACCIÓN DE REVISIÓN POR REMUNERACIÓN NO EQUITATIVA
Si en la cesión a tanto alzado se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, el art. 47 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, establece que aquél podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso; añadiendo el citado precepto que esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la cesión.
Aunque algunos autores han relacionado esta figura con la cláusula rebus sic stantibus, lo cierto es que, como indicaba la Sentencia de la Sala Primera de fecha 05/02/2016, la reseñada norma no exige el elemento de ausencia de previsibilidad propio de esta institución, sino únicamente "la manifiesta desproporción" entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario.
Con dicho precepto, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual se aparta del criterio general de nuestro ordenamiento jurídico consistente en respetar el precio acordado por las partes aunque pueda considerarse que no es un "precio justo", y lo hace, según afirmaba la citada Sentencia del Tribunal Supremo, con una finalidad tuitiva del autor, en tanto que éste es considerado como la parte más débil en la contratación en el ámbito de la propiedad intelectual.
Por tanto, se trata de un beneficio legal irrenunciable incluido en el ámbito del art. 55 del Real Decreto Legislativo 1/1996 y relacionado con otras previsiones de dicha ley, como es la del derecho de participación de los autores de obras plásticas del art. 24 del Real Decreto Legislativo 1/1996.
Según declaraba la Sentencia Núm. 14/2000, de 24 deenero, del Alto Tribunal español que esta figura no es aplicable retroactivamente a aquellos contratos celebrados con anterioridad a la Ley de Propiedad Intelectual de 1987.
La acción de revisión del cesionario de derechos de autor, conforme se decía en la Sentencia Núm. 14/2000, de 24 de enero, de la Sala Primera, procede cuando la retribución del autor se ha establecido mediante la determinación de una cantidad fija y se constata la existencia de desproporción entre la remuneración percibida por el autor y los beneficios del editor.
ACTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ORGANIZADOS POR AYUNTAMIENTOS
Indicaba la Iltma. Audiencia Provincial de A Coruña, en su Sentencia de fecha 13/02/2012, que los actos y espectáculos públicos estén organizados por los Ayuntamientos no significa que estén exentos del pago de los legítimos derechos de autor que tengan amparo en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Y a la viceversa, según argüía la Iltma. Audiencia Provincial de A Coruña, cuando sean otros sus organizadores, autónomamente y sin dominio funcional o participación relevante del Ayuntamiento, aunque hubiera permitido su celebración en locales o espacios públicos, al estar éstos al servicio de la ciudadanía en sus diversas manifestaciones sociales, políticas, religiosas, culturales, deportivas o de otro tipo, y no obstante la eventualidad de alguna contribución o ayuda económica municipal para las fiestas, al igual que tampoco serían responsables legalmente los meros patrocinadores.
Continuaba la Sentencia de fecha 13/02/2012 señalando que no bastaba, en principio, con alegar simplemente aquella ajenidad para rechazar la reclamación de la SGAE contra el Ayuntamiento, cuando los actos, que conforme a la Ley devenguen los derechos en cuestión, se realizen organizadamente, y no espontáneamente, en lugares o locales de la titularidad municipal, más aún si son de abono, al poderse, entonces, presumir judicialmente, y en buena lógica, su consentimiento e intervención.
CITAS
Al hablar de derechos de autor (títulos de propiedad intelectual) se piensa habitualmente en los libros, en el cine y en los discos.
Sin embargo, existen muchas otras obras intelectuales que pueden ser protegidas en base a su originalidad literaria, artística o científica.
Tal y como afirmaba la Sentencia de la Iltma. Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de fecha 30/07/20110, si se realiza una mera recopilación de datos o citas y se procede a ordenarlos, el resultado final queda automáticamente protegido.
Para que se cree un título de propiedad intelectual no es necesario que dichas citas (materia prima) sean originales.
Las citas pueden pertenecer a otra persona o personas, pero su recopilación y clasificación ordenada (producto elaborado) representa un nuevo título de propiedad intelectual que se superpone (overlapping) a las citas originales.
COLECCIONES Y BASES DE DATOS
Señala el art. 12 del Real Decreto Legislativo 1/1996 que también son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de dicho texto legal, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.
La protección reconocida en el Real Decreto Legislativo 1/1996 a dichas colecciones se refiere solamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.
A efectos del Real Decreto Legislativo 1/1996, se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.
La protección reconocida a las bases de datos en virtud del citado art. 12 no se aplica a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.
CREACIÓN LABORAL
La creación laboral no comporta titularidad originaria de ningún tipo a favor del empleador.
En estos supuestos, lo que hay, conforme prevé del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1996, es una cesión de los derechos de explotación por parte de su creador (el asalariado) a favor del empresario, supeditada que se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.
A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.
CONTRATO DE EDICIÓN
El contrato de edición puede ser definido, según refería la Iltma. Audiencia Provincial de Cádiz en su Sentencia de de fecha 30/12/2016, como aquél en cuya virtud el autor, o los titulares de los derechos, ceden al editor, como mínimo, el derecho a reproducir y distribuir la obra a cambio de una contraprestación económica.
La edición supone la cesión de la obra al editor, que, a su vez, se encarga de editar y publicar la obra a cambio de pagar un precio al autor.
El contrato de edición, según exige el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/1996, deberá formalizarse por escrito y expresando en todo caso:
- si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva;
- su ámbito territorial;
- el número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan;
- la forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de la obra;
- la remuneración del autor, establecida conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 1/1996;
- el plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición, que no podrá exceder de dos años contados desde que el autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas para realizar la reproducción de la misma;
- el plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor.
CONTRATO DE IMPRESIÓN EDITORIAL
Según afirmaba el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 12/07/2011, el contrato de impresión editorial es aquél por el que una de las partes se compromete a componer, reproducir, imprimir o encuadernar una obra, a cambio de un precio, no constituyendo una modalidad de venta, sino una modalidad de ejecución de obra, en que el impresor asume la posición de contratista y la otra parte de comitente o dueño de la obra.
Ha de añadirse que la impresión implica un encargo de imprimir, única y exclusivamente, la obra.
CREACIONES PUBLICITARIAS
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, establece, en su art. 23, que: "Las creaciones publicitarias podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes. / No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los derechos de explotación de las creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo".
DERECHOS MORALES
El derecho de autor, que es inescindible y ha de ser contemplado en unicidad, tiene un contenido plural de facultades propias y proyecciones, según refería la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 03/06/1991, que pueden encuadrarse en dos grupos:
- uno de contenido patrimonial, derivados de la explotación económica de la obra, y nos lleva a la configuración de derechos previstos y protegidos en el Ordenamiento Jurídico y en la consideración de propiedad especial;
- otro contenido, de carácter personal, que son las facultades o derechos morales de los autores, como consecuencia de la paternidad de las obras, que por su talento, arte, inspiración e ingenio, ha logrado realizar.
- decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma;
- determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente;
- exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra;
- exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación;
- modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural;
- retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias;
- acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.
En defecto de los herederos, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las instituciones públicas de carácter cultural están legitimadas para ejercer los derechos personales (art. 16 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
No es posible transmitir inter vivos las facultades morales del autor; dado su carácter personalísimo.
DERECHOS PATRIMONIALES
Como se exponía en la Sentencia Núm. 24/2016, de 19 de abril, de la Iltma. Sección 5ª de la Iltma. Audiencia Provincial de las Islas Baleares, dentro de los derechos patrimoniales se pueden distinguir los derechos exclusivos y los de simple remuneración.
El art. 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996 prevé, en cuanto a los derechos exclusivos, que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.
Junto a los derechos exclusivos de explotación están los de simple remuneración, que no permiten al autor un control sobre la explotación, sino simplemente un beneficio económico y, entre ellos, se destacan los siguientes:
- el derecho de participación, cuando la obra es objeto de reventa;
- el derecho de participación equitativa por copia privada (art. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1996);
- el derecho de remuneración por préstamo (art. 37.2 Real Decreto Legislativo 1/1996);
- el derecho de remuneración por alquiler y comunicación pública en obras audiovisuales (art. 90 del Real Decreto Legislativo 1/1996);
- el derecho de remuneración reconocido a los artistas intérpretes o ejecutantes por las transmisiones en Internet, comunicación pública y alquiler de sus interpretaciones (arts. 108.3 y 4 y 109.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996);
- el derecho de remuneración reconocido a los autores de fonogramas ( art. 116.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996);
- el derecho de remuneración reconocido a los productores audiovisuales por la comunicación pública de sus grabaciones (art. 122 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
El derecho de explotación condensa la remuneración o provecho que el legislador creyó oportuno reconocer al autor de una obra original superando el tradicional sistema de privilegios.
Tiene, en consecuencia, una finalidad eminentemente lucrativa, comprendiendo tanto derechos exclusivos como de simple remuneración, debiendo destacarse que, como expresa el citado art. 17, del Real Decreto Legislativo 1/1996 el derecho general de explotación puede realizarse "en cualquier forma".
Por su parte, el régimen de transmisión de los derechos de explotación viene establecido en los artículos 42 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996 con un marcado carácter tuitivo de los autores, estableciendo interpretaciones restrictivas a favor de una limitada transmisión de derechos.
La cesión puede ser mas o menos amplia, adoptando distintas modalidades, a voluntad de las partes, pero, en caso de duda acerca de su alcance, debe ser interpretada a favor de los autores, conforme a lo dispuesto en el artículo 43,2, que señala que, si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra objeto de la cesión, quedará limitada a aquella modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir su finalidad.
Conviene destacar que, conforme exponía la Sentencia dictada por la Iltma Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 27/10/2011, el artículo 56,1 del Real Decreto Legislativo 1/1996 establece el principio de la irrelevancia de la cesión del soporte a los efectos de transmisión del derecho de explotación sobre la obra que incorpora, o, lo que es lo mismo, y como establece el artículo 3,1, la independencia de los derechos de autor, que recaen sobre algo inmaterial, respecto de los derechos que recaen sobre el soporte físico.
DERECHO DE DISTRIBUCIÓN
Afirmaba la Sentencia Núm. 92/2012, de 16 de marzo, de la Iltma. Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid que los derechos de explotación y distribución no son dos derechos distintos, sino que el derecho de distribución es una de las modalidades del derecho de explotación, es decir, de las facultades patrimoniales del autor.
Recuérdese que, bajo la rúbrica "Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades", el art. 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996 establece que: "Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley".
FORMATOS DE TELEVISIÓN
El diccionario de la lengua de la Real Academia Española, como tercera acepción de la palabra "formato", da la siguiente: "conjunto de características técnicas y de presentación de una publicación periódica o de un programa de televisión o radio".
Aplicado a los programas de televisión, "formato", según decía la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 4623/2014, de 22 de octubre, es el conjunto de elementostécnicos e intelectuales destinados a la realización de un programa de televisión de emisión periódica con una estructura narrativa, unos personajes y unos elementos escénicos comunes para todas las emisiones, normalmente expresados en un documento.
Añadía la citada resolución del Alto Tribunal español que, pese a no estar previsto el "formato" como una de las obras protegidas por la propiedad intelectual en el art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, se considera que el "formato" del programa de televisión puede considerarse como una obra a estos efectos, cuando puede ser considerada como una creación original, en este caso literaria y/o artística.
Según la Sala Primera, es significativo que el art. 10.1.f del Real Decreto Legislativo 1/1996 considere como obras protegidas por la propiedad intelectual los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, y que el art. 87.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996 reconozca la condición de autores de la obra audiovisual, en los términos del art. 7 (obras en colaboración), a los autores del argumento y los del guión o los diálogos.
Y es que estas obras presentan elementos comunes con los "formatos" televisivos, en tanto no están dotadas de la expresión formal definitiva de la arquitectura o ingeniería (caso de los planos, proyectos, maquetas y diseños) o de las obras audiovisuales (caso de los argumentos, los guiones y los formatos televisivos).
Consideraba el Tribunal Supremo, en el reseñado pronunciamiento de fecha 22/10/2014, que es su contenido (las ideas, indicaciones, características técnicas, etc.) en ellas plasmadas, lo que al ser ejecutado o actuado dará lugar a ese tipo de obras de arquitectura o ingeniería, en un caso, y audiovisuales, en el otro.
Se trata, en consecuencia, de obras en las que, al contrario de lo que ocurre con la mayoría de las que obras protegidas por la propiedad intelectual, la forma de la expresión es muy secundaria respecto del contenido expresado.
El contenido se impone como factor necesario, siendo el margen para la recreación formal del mismo escaso y de importancia muy secundaria, ya que, en ellas, la originalidad opera directamente sobre el contenido.
Lo expuesto, razonaba la Sala Primera, no contradice la regulación de la protección conferida por la propiedad intelectual, pues la contraposición entre la "forma de expresión" que constituiría el continente (en principio, lo protegido por la propiedad intelectual) y las "ideas" que constituirían el contenido (que suele afirmarse se halla exento de protección) no puede establecerse por igual en todas las categorías de obras.
Consideraba el Alto Tribunal que la afirmación de que sólo la "forma" de una obra, y no su "contenido," es objeto de protección por la propiedad intelectual había de ser matizada.
Señalaba la citada Sentencia Núm. 4623/2014 que es significativo, por ejemplo, que entre los derechos de explotación del autor se encuentre el derecho de transformación (arts. 11, 17, 21, 89 Real Decreto Legislativo 1/1996), en que se modifica la "forma" de la obra pero se mantiene, más o menos sustancialmente, su contenido.
Es por ello, necesario relativizar la dicotomía forma/contenido, en la que la "forma" estaría protegida por la propiedad intelectual, mientras que el contenido carecería de tal protección, ya que, en este tipo de obras (planos, proyectos, maquetas, diseños, y argumentos, guiones y formatos televisivos), es el contenido lo que se protege por encima de la forma en que está expresado.
Declaraba la Sala Primera que, como consecuencia de lo expuesto, la protección de este tipo de obras presenta unos problemas distintos a los que afectan a la protección de las obras literarias tradicionales (narrativa, ensayo, poesía) o las obras plásticas.
Al autor del plano, del proyecto, de la maqueta o del diseño de ingeniería o arquitectura, al autor del argumento, del guión de la obra audiovisual o del "formato" televisivo, le sirve de muy poco estar protegido frente a reproducción, comunicación, publicación o distribución inconsentida del texto, formas normales de explotación del soporte expresivo en que consiste la obra previstas en los arts. 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, ya que no es así como de ordinario se violará su derecho.
Lo que interesa al autor de este tipo de obras, según afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22/1072014, es la protección frente a lo que lo que se puede calificar como aplicación o ejecución del contenido de su obra, frente a la explotación, a la integración de dicho contenido en la actividad económica de un tercero, en el proceso de producción y oferta de bienes o servicios sin su consentimiento.
Sostiene la Sala Primera que no existe obstáculo legal para otorgar tal protección a los formatos televisivos por cuanto que, según el art. 17 de la Real Decreto Legislativo 1/1996, corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier
forma, por lo que cualquier forma de explotación de su obra tiene que ser protegida.
Téngase en cuenta que la enumeración de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación que se hace a continuación en el citado art. 17 sólo tiene un carácter enunciativo, pues constituyen las formas de explotación típicas y más frecuentes de una obra protegida por la propiedad intelectual, pero no las únicas posibles.
Ahora bien, el Tribunal Supremo matiza que no cualquier formato televisivo puede ser considerado una obra protegida por la propiedad intelectual.
Lo cierto es que la expresión "formato televisivo" es muy genérica e imprecisa y puede abarcar realidades muy distintas.
La protección de los argumentos de obras audiovisuales presenta similares problemas: con qué características y a partir de qué grado de formulación expresiva, en cuanto a concreción, complejidad, etc, deja de ser un hecho ajeno a la propiedad intelectual o sólo una idea general no protegible por la propiedad intelectual y se convierte en un "argumento" de una obra audiovisual o en un "formato" televisivo.
Al igual que sucede con el argumento, es preciso, según indica la Sentencia de fecha 22/1072014, que se produzca el salto cualitativo entre lo que son meras concepciones generales y lo que es la plasmación de las mismas, de un modo pormenorizado y formalmente estructurado, dando lugar a una creación de cierta complejidad, mediante una actividad creativa, sin que sea necesario que tenga la complejidad y pormenorización del guión, que describe las escenas con mayor detalle ya que contiene "palabras que se transforman en imágenes".
INTEGRIDAD DE LA OBRA
Como decían, entre otras, las Sentencias de la Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid de fecha 09/12/2008 y de la Iltma. Audiencia Provincial de Alicante de fecha 11/03/2011 que por integridad de la obra se ha venido entendiendo tradicionamente tanto el ataque directo como el indirecto.
Esto es, la prohibición de efectuar, sin autorización del autor, modificaciones más o menos radicales del contenido ideal de la misma que afecten a su esencia, debiéndose considerar vedadas aquellas alteraciones o deformaciones sustanciales, susceptibles de transmitir un sentido o idea diferente a la perseguida por el autor, o bien respetando su integridad pero presentarla en un contexto que determine o conlleve la alteración de su esencia o significado.
Y es que el significado de la obra está determinado por aquellos elementos que la caracterizan y la dotan de individualidad, de modo que su modificación o deformación cambiaría la concepción artística de la obra protegida.
A la hora de perfilar cuáles son esos elementos esenciales ha de estarse a la específica naturaleza de cada obra en concreto y al medio por el que se expresa, ya que lo que, en algunos casos,no pasaría de ser una modificación accesoria o insustancial cobra en otros una especial relevancia o significación.
Igualmente, en el supuesto de que se produzcan varias alteraciones, habrán de valorarse no separada o aisladamente sino en su conjunto.
Únicamente si se toma en consideración el resultante final y global se puede ponderar si la obra conserva,, en lo fundamental, la concepción, sentido y significado de la que quiso dotarle su creador, o, si por el contrario, este se ha visto modificado por la interacción de factores que por sí solos, aisladamente valorados, no son capaces de producir tal resultado.
LEGITIMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN
Según establece el art. 150 del Real Decreto Legislativo 1/1996: "Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. / Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa.
Del articulado del Real Decreto Legislativo 1/1996 resulta, según exponía la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10/05/2002, que los autores pueden hacer valer directamente sus derechos, pues la actuación necesaria a través de una entidad de gestión únicamente es exigida en los supuestos de los artículos artículos 25.7 y 90.7 del Real Decreto Legislativo 1/1996, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor.
No obstante esa libertad de gestión, el Alto Tribunal indicaba que la experiencia demuestra que los titulares de estos derechos no gestionan directamente los derivados de la comunicación pública de fonogramas por medios mecánicos y de transmisión publica mediante aparatos de televisión en establecimientos abiertos al público, sin duda por la imposibilidad de llevar a cabo en adecuado control de la ejecución de esos actos de comunicación, habida cuenta de los numerosos establecimientos en que los mismos se llevan a cabo..
Continuaba la decisión de 10/05/2002 señalando que cuando el artículo 150 dice que "Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales", debe entenderse partiendo de lo antes dicho, que la expresión "derechos confiados a su gestión" puesta en relación con la de "en los términos que resulten de sus estatutos", se refiere a aquellos derechos cuya gestión "in genere" constituye, de acuerdo con los estatutos, el objeto de actuación de la entidad de gestión, no a los concretos derechos individuales que, mediante contratos con los titulares de los mismos o acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad, les hayan sido encomendados para su gestión.
La citada resolución del Tribunal Supremo concluía señalando que el art. 150 atribuye una legitimación, que denomina presunta, a las entidades de gestión de los derechos de autor "para cuando se trata de la defensa de los derechos de comunicación que requieren una autorización global".
En suma, la legitimación extraordinaria, propia, y de carácter legal del artículo 150 del Real Decreto Legislativo 1/1996, atribuye a las entidades de gestión la necesaria legitimación respecto de los derechos de ejercicio necesariamente colectivo o para aquellos que requieren una autorización global.
LICENCIAS COPYLEFT
Las licencias copyleft surgieron en relación a los programas de ordenador, permitiéndose hacer uso del software para cualquier fin, copiarlo y modificarlo, con la condición de que el programa se pusiera al alcance del resto de usuarios bajo la misma licencia (véase la Sentencia de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid de fecha 18/02/2011).
LICENCIAS CREATIVE COMMONS
Explicaban las Sentencias de la Iltma. Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de fechas 18/02/2011 y 05/10/2015 que, en el supuesto de las licencias creative commons, el autor, que crea la obra y quiere explotarla a través de internet, elige algún tipo de estas licencias y al ponerla a disposición del público la identifica con el símbolo "CC" y le adjunta la licencia.
Cuando un usuario decide utilizar una obra se convierte en licenciatario y se compromete a aceptar y respetar las condiciones que el autor ha establecido para el uso de la obra.
De entre éstas condiciones son relevantes aquellas que excluyen la posibilidad de utilizar la obra con fines o usos comerciales, identificada con una señal de prohibición en la que se inserta el símbolo del euro.
Ello implica que las citadas licencias no responden a un patrón único, sino que permiten muy diversas variantes según el grado de disposición de los derechos que determine el autor.
Por otro lado, ha de indicarse que las licencias creative commons se refieren a los derechos de autor, no a los intérpretes o productores.
Es más, no cabe identificar las licencias creative commons son obras no protegidas, pues, como se indicaba más arriba, se trata de obras en las que el autor se reserva unos derechos y autoriza otros, según cada caso.
OBRA
Conviene no perder de vista que el objeto de la propiedad intelectual es la obra y que, conforme resulta del art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, se considera obra, toda creación humana original que se exteriorice en una forma novedosa por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro (art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Quedan excluidos del ámbito de la protección de la propiedad intelectual, según establecía Sala Primera, en su Sentencia de fecha 26/10/1992, las ideas que se plasman en la obra y el estilo seguido o creado por el autor.
El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual enumera como obras: l
- las composiciones musicales, con o sin letra;
- las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales;
- las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;
- las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas;
- los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;
- los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia;
- las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- los programas de ordenador.
Tampoco lo son las piezas, por ejemplo, de joyería, o primigenias, modelo para producción en serie por medios mecánicos, de orfebrería, bisutería si no son creaciones originales en su sentido subjetivo -esto es, cuando refleja la peculiaridad del autor y su esfuerzo creativo-, así como objetivo -es decir, novedad-, a falta de novedad y altura inventiva (véase la Sentencia del Alto Tribunal español de fecha 26/10/1992).
Una obra audiovisual, según se decía en el Auto dictado, con fecha 13/01/2017, por la Iltma. Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, no puede ser considerada como tal sino cuando está terminada mediante el establecimiento de la versión definitiva de la misma (artículo 92.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Será entonces cuando surjan los derechos inherentes a la titularidad sobre dicha obra y, por ello, únicamente cuando la obra audiovisual esté finalizada podrán ejercitarse los derechos morales con respecto a ella (artículo 93.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Entretanto únicamente mediarán los derechos de propiedad intelectual que correspondan sobre la parte realizada o aportaciones efectuadas (argumento, guión, música, etc) con miras a constituir una obra audiovisual.
Indicaba la citada resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que la determinación de qué es lo que constituye la versión definitiva de una obra audiovisual debe hacerse de mutuo acuerdo entre el director y el productor (artículo 92.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Ahora bien, el productor no merecerá la consideración de autor de la obra, a diferencia del director, que sí lo será, en concurrencia con otros -argumentista, guionista, compositor musical-, en lo que legalmente está calificado como una obra en colaboración (artículos 7 y 87 del del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Entre las labores consustanciales a la dirección se encuentran las de coordinación y traducción de la idea al medio cinematográfico mediante el rodaje, la selección de escenas y el montaje del material audiovisual.
No obstante, el productor, cinematográfico aparte de los derechos afines a los de propiedad intelectual (sobre la primera fijación de la grabación audiovisual previstos en los artículos 121 a 124 del del Real Decreto Legislativo 1/1996) y de los que fueran objeto de cesión a su favor (artículo 88 del Real Decreto Legislativo 1/1996), tiene reconocido, con carácter especial, el derecho para intervenir en la determinación de lo que debe constituir la versión definitiva de la obra (artículo 92 del del Real Decreto Legislativo 1/1996).
Se argumentaba en el pronunciamiento, antes citado, de fecha 13/01/2017 que es una gran consideración justificada por ser el productor quien proporciona y soporta los medios para que la actividad de creación pueda llegar a plasmarse en una obra audiovisual, lo que explica que se le conceda el derecho a poder influir en que la versión final resulte un producto adecuado para su explotación comercial, por lo que no se le deben imponer características del producto que puedan suponer problemas a ese respecto (así, por ejemplo, la duración excesiva, la inclusión de contenidos inadecuados para un determinado contexto social, etc).
En suma, es necesario que concurran el consentimiento del director-realizador, que sí es un verdadero creador intelectual, y el del productor, que es un empresario del ramo y que tiene derechos de especial significación reconocidos por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, para que merced a ello pueda llegar a determinarse cuál ha de ser la versión definitiva de la obra.
Lógicamente no se planteará problema alguno cuando medie acuerdo al respecto entre director y productor.
No obstante, cuando se produce una discrepancia entre ellos hay que buscar los modos de solventarla, y, para ello,,el meritado Auto de la Iltma. Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid sienta las siguientes pautas:
- acudir a lo que se hubiera estipulado en el contrato de producción sobre el modo de salvar la discordia (como, por ejemplo, acudir al criterio experto de un tercero o aplicar las referencias concretas que se hubiesen señalado para delimitar el resultado, etc).
- si el contrato no hubiese establecido las reglas sobre cómo solventar el problema, la posible solución pasa por aplicar, por analogía (artículo 4 del C. Civil), lo previsto para superar las discrepancias a propósito de la divulgación o la modificación de las obras en colaboración (artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996, que prevé que "Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá. / Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó"), pues son supuestos en los que es necesario el consentimiento concurrente de varios implicados y en los que el desacuerdo se puede salvar acudiendo ante la autoridad judicial para que sea ella la que, de un modo contradictorio, decida qué criterios deben seguirse para el desbloqueo.
OBRA COLECTIVA
Se considera obra colectiva, según especifica el apartado primero del art. 8 del Real Decreto Legislativo 1/1996, la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.
De ahí que la participación de varios "autores", que aportan sus creaciones originales, sea el presupuesto básico de la obra colectiva (véase la Sentencia del Alto Tribunal español de fecha 25/02/2014).
Para calificar una obra de colectiva es necesario, según sentaba la Sala Primera en su Sentencia de fecha 11/07/2000, que las distintas aportaciones de cada autor al resultado final tenga la entidad suficiente para mostrarse como piezas necesarias y, en algún sentido equiparables, por su carácter decisivo, en el conjunto para que no puedan confundirse con meras colaboraciones o actos de ejecución del proyecto.
En cuanto a la exigencia de que la creación de la obra se realice por la "iniciativa de un tercero" ha de decirse que la iniciativa a la que se refiere el art. 8 antes transcrito no equivale a mera ideación, sino que está conectada a la idea de decisión, resolución o impulso para la materialización de un proyecto, allegando los recursos necesarios para ello. En este sentido, según indicaba la Sentencia Núm. 67/2016, de 19 de febrero, de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, la iniciativa que requiere el Real Decreto Legislativo 1/1996 es más bien de orden económico o empresarial.
Respecto del requisito de la "coordinación por un tercero" ha de destacarse que implica una posición de ascendencia y un rol de dirección, que no tiene por qué traducirse necesariamente en la impartición de instrucciones acerca del carácter o contenido de cada aportación, pudiendo concretarse, entre otros aspectos, en los siguientes:
- definición del objeto de la obra;
- conformación del equipo humano para su elaboración;
- establecimiento de un plan de trabajo con asignación de tareas y la validación del resultado final.
Ahora bien, según indicaba la Sentencia Núm. 67/2016, de 19 de febrero, de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, ello en nada afecta a los derechos morales de los diferentes autores partícipes sobre sus respectivas aportaciones singulares, en los términos establecidos en los apartados 3 y 6 del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, ni a su derecho a explotarlas separadamente, si ello es posible al margen de su inclusión en la obra colectiva, o, en el supuesto de obras reproducidas en publicaciones periódicas, en cualquier forma que no perjudique la normal de las mismas (artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1996).
OBRA CIENTÍFICA
Decía la Sala Primera, en su Sentencia de fecha 08/11/2012, que la obra científica, a la que hace referencia el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , es susceptible de protección como objeto del derecho de autor, pero no por su contenido -científico, técnico o útil en la práctica-, sino por tener, si la tiene, una forma de exposición original.
Recuérdese que, en el ANEXO 1C. del Instrumento de Ratificación por el Reino de España del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contrataci6n Publica, hechos en Marrakech el 15/04/1994 (véase el BOE de fecha 24/01/1995), se prevé que, bajo la rubrica "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio", que la protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación.
De ahí que el Tribunal Supremo sostenga que las creaciones científicas no son objeto de propiedad intelectual, por razón de su contenido -ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos-, ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino únicamente por la forma literaria o artística de su expresión
En otras palabras, entiende el Alto Tribunal, en la citada Sentencia de fecha 24/06/2004 ,que el derecho de autor protege no las ideas sino la forma en que las mismas aparecen recogidas en la obra, pues la libertad de utilización de ideas y conocimientos es esencial para el desarrollo social, cultural, económico y científico, y sobre ellas no cabe un derecho de exclusiva, al menos al amparo del derecho de autor.
Por tanto, lo relevante en las obras científicas no es tanto que su contenido sea distinto al de otras sino la forma de expresarlo, relacionarlo, explicarlo, ordenarlo y sistematizarlo.
OBRA FOTOGRÁFICA Y MERA FOTOGRAFÍA
Bien la falta de originalidad, o bien la de creatividad, privan a la fotografía de la condición de obra fotográfica (art. 10.1.h) del Real Decreto Legislativo 1/1996), y consecuentemente de los derechos de autor, y la degradan a la condición de mera fotografía con la protección de propiedad intelectual limitada del art. 128 del Real Decreto Legislativo 1/1996.
Por tanto, lo que caracteriza a la obra fotográfica es la noción de "creación original" del art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996 que cabe entender como "originalidad creativa", cuya interpretación, que resulta reforzada por la referencia de la Disposición adicional décima de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, "a grado de creatividad y de originalidad necesario" para ser protegido como obra artística, es, la posición común de la doctrina, y, además, es especialmente relevante en materia fotográfica para distinguir las creaciones artísticas -obras fotográficas- de las meras fotografías.
La creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual, -talento, inteligencia, ingenio, invectiva, o personalidad- que convierte a la fotografía en una creación artística o intelectual-.
La singularidad no radica en el objeto fotográfico, ni siquiera en la mera corrección técnica, sino en la fotografía misma, en su dimensión creativa.
Ha de agregarse que, como señalaba la Sentencia Núm. 542/2004, de 24 de junio, del Tribunal Supremo que no basta una novedad objetiva cualquiera, sino que requiere una relevancia mínima.
Por tanto, la diferenciación entre una obra fotográfica y una mera fotografía recae en la valoración de una cierta altura creativa.
La ponderación de la suficiencia creativa depende de las circunstancias de cada caso, ya que son diversos los factores y aspectos que pueden incidir, correspondiendo su valoración, en principio, a los Tribunales, a cuyo efecto han de tomar en cuenta la pluralidad de elementos de convicción que hayan podido proporcionarles las partes -periciales, informes de expertos, revistas especializadas, exposiciones, certámenes, premios, etc.-, además de las máximas de experiencia comunes.
Esto es, en la regulación del Real Decreto Legislativo 1/1996, tal y como afirmaba la Iltma. Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 23/06/2016, se puede distinguir un doble sistema de protección para las fotografías, según puedan ser calificadas de obras fotográficas (relacionadas en el art. 10.1.h) y que confieren a su titular los derechos propios del derecho de autor) o de meras fotografías.
La protección de las meras fotografías se encuentra en el art. 128 del Real Decreto Legislativo 1/1996 que prevé que: "Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas. / Este derecho tendrá una duración de veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción".
ORIGINALIDAD DE LA OBRA
Son objeto de propiedad intelectual, según refiere el apartado primero del art. 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:
- los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza;
- las composiciones musicales, con o sin letra;
- las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales;
- las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;
- las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas;
- los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;
- los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia;
- las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- los programas de ordenador.
La doctrina ha definido el requisito de la originalidad en dos sentidos diferentes:
- en sentido subjetivo se considera que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor, fruto de su creación y no del copiado de una obra ajena;
- en sentido objetivo se entiende la originalidad como novedad objetiva, esto es, en el sentido de haber creado algo nuevo, no existente previamente.
De igual modo, según resulta de las Sentencias del Alto Tribunal español de fechas 20/02/1992 y 26/10/1992l, es preciso que la originalidad tenga una relevancia mínima, esto es, que tenga una altura creativa.
Este requisito ha de ser ponderado en función de la naturaleza de la obra.
PLAGIO
Como se declaraba en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28/01/1995, por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial.
Argumentaba el Alto Tribunal que se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio.
Y continuaba la Sala Primera indicando que las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarse de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo.
No ha de confundirse con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado, ni con los datos que las ciencias aportan para el acceso y el conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad inventiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de toda aportación posterior.
Por ello, sentaba el Tribunal Supremo la doctrina siguiente: el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales;
El plagio, cómo destacaba la Sentencia dictada, con fecha 14/07/2016, por la Iltma. Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, no desaparece por el hecho de que se intercalen en unos casos textos o figuras que no aparecen en la obra original, o se supriman párrafos que sí figuran en ésta, si tales circunstancias no impiden afirmar que se ha producido un aprovechamiento del esfuerzo intelectual desplegado por el autor de la obra original si la coincidencia de los textos en confrontación es extensa e intensa
Existe plagio parcial de una obra, según indicaban, entre otras, las Sentencias dictadas, con fechas 29/05/11 y 17/02/2016, por la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona, si la copia, o coincidencia esencial, se ha reducido únicamente a una o varias de las partes de la misma, en cuyo supuesto se reducirá el examen a la parte concurrente.
Dicho de otro modo, el que haya partes de la obra propias no exime de la infracción respecto de las restantes.
El dato de la complementación no legitima copiar la creación ajena previa en las partes que le interesan o de las que se pueda servir
Asimismo, ha de subrayarse, como ya lo hacía la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de fecha 14/07/2016, que la mera cita bibliográfica no impide la apreciación del plagio, ya que, según establece el apartado primero del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, si bien es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, sin embargo tal utilización únicamente podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
PRODUCTOR DE GRABACIÓN AUDIOVISUAL
Se entiende por productor de una grabación audiovisual, conforme prevé el apartado segundo del art. 120 del Real Decreto Legislativo 1/1996, la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual.
La doctrina duda en considerar como tal a la persona que encarga a un contratista la realización efectiva de la obra, el cual le transmite, a su vez, los derechos que haya podido adquirir de los autores y que han posibilitado la producción.
La solución viene dada por la casuística ya que, como decía la Iltma. Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Sentencia Núm. 197/2014, de 4 de junio, dependerá del contenido de los contratos sucesivos entre las partes y en especial del realizado por el contratista con los autores y del grado de independencia de tal contratista y de la implicación, directrices, etc. del comitente.
El término "iniciativa" parece apuntar al contratista como persona que pone en marcha los medios para el inicio y realización del proyecto.
Recuérdese que la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15/07/2002 apuntaba como notas que caracterizaban la función y el carácter del productor:
- la iniciativa,
- la contratación a terceros,
- el lucro obtenido por ella.
RETRIBUCIÓN EQUITATIVA
Señala el apartado quinto del artículo 108 del Real Decreto Legislativo 1/1996 que: "Los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicación pública previstos en el artículo 20.2.f) y g) tienen obligación de pagar a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones audiovisuales la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión".
Declaraba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de fecha 06/02/2003 (C-245/2000) que el concepto de remuneración equitativa, incluido en Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19/11/1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, ha de ser interpretado de manera uniforme en todos los Estados miembros, por más que incumba a cada uno de ellos determinar, en su territorio, los criterios más pertinentes para lograr, dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario, el cumplimiento de la exigencia.
En la Sentencia de fecha 11/12/2008 (C-52/2007), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmaba, en relación con las tarifas por la comunicación pública de obras musicales, que las mismas han de tener una relación razonable con el valor económico de la prestación realizada por la entidad, que consiste en poner el repertorio de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual que gestiona a disposición de quienes puedan utilizarlo; y, a su vez, que, en la medida en que se trata de retribuir a los titulares de los derechos sobre las obras, procede tomar en consideración el carácter especial de estos derechos.
Exponía el Alto Tribunal español, en su Sentencia Núm. 541/2010, de 13 de diciembre que no es correcto estar a las tarifas generales, por el hecho de que el órgano competente de la Administración al que fueron las mismas comunicadas no hubiera formulado objeciones, ya que las facultades que al mismo atribuye la norma, no son de aprobación de las tarifas, sino de vigilancia general que conlleva un grado de tutela insuficiente, desde luego, para considerar trasladada en exclusividad a la Administración y a la jurisdicción contencioso-administrativa el examen de la equidad de las tarifas.
Continuaba señalando la citada Sentencia Núm. 541/2010 que la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la negociación no comporta, automáticamente, que las sociedades de gestión impongan sus tarifas generales, tanto más si las mismas no tuvieran carácter equitativo.
Añadía la citada decisión de fecha 13/12/2010 que, ante la ausencia de acuerdo entre las dos partes, uno de los criterios a considerar a estos fines es el que ofrece la comparación con otros acuerdos a que haya llegado la sociedad de gestión con distintas entidades, ya que la equidad tiene una estrecha relación con la necesidad de que las tarifas sean comparativamente adecuadas entre unas y otras.
Ahora bien, ello no significa que deban ser idénticas, pero sí el rechazo de una excesiva desproporción que no aparezca justificada.
Concluía el pronunciamiento de fecha 13/12/2010 indicando que la norma pone en relación el deber de la sociedades de fijar tarifas generales con la utilización de su repertorio, lo que supone que no pueden quedar al margen los criterios relacionados con la amplitud del de cada una de estas entidades.
Por otro lado, el Tribunal Supremo, en su Sentencia Núm. 695/2008, de 10 de julio, estableció que el demandado no está liberado absolutamente de la carga de probar, y, antes, la de alegar, en la medida que corresponda a los criterios de disponibilidad y facilidad de hacerlo.
SIGNO DE COYRIGHT
El art. 146 del Real Decreto Legislativo 1/1996 indica que el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por esta Ley podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas.
Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario, el símbolo (p), indicando el año de la publicación.
Los símbolos y referencias mencionados deberán hacerse constar en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados.
No obstante lo anterior, afirmaba la Iltma. Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de fecha 21/05/2009, que la simple inclusión del signo del copyright no puede considerarse determinante, sin más, de que la persona a cuyo nombre va antepuesto tal símbolo es titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra, sino que constituye una presunción de dicha titularidad, aunque puede ser destruida.
Explicaba la Iltma. Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentenica de fecha 28/12/2005, que el citado art. 146 contiene una presunción iuris tantum de lo que se recoge en la reserva de derechos.
TRANSFORMACIÓN DE UNA OBRA
La transformación de una obra comprende, según dispone el art. 21 del Real Decreto Legislativo 1/1996, su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.
Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12, se considerará también transformación, la reordenación de la misma.
Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación.
Exponía la Sala Primera, en su Sentencia Núm. 76372012, de 18 de diciembre, que la transformación comporta una actividad creadora, da lugar a una obra nueva, resultante de la transformación.
Que una obra de propiedad intelectual para considerarse novedosa o simple transformación de otra, dependerá del quantum de originalidad que suponga.
Como recordaba el Juzgado de lo Mercantil Núm. 4 de Madrid, en su Sentencia Núm. 96/2012, que, a su vez, fue confirmada por la Sentencia dictada, con fecha 06/05/2016, por la Iltma. Sección Núm. 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, el derecho de transformación es un derecho distinto del moral del autor a la integridad de la obra (art. 14.4º).
Lo cierto es que el derecho de transformación previsto en el art. 21, que está incluido dentro de los derechos de explotación del art. 17, es claramente diferente del citado derecho moral a la integridad de la obra, pues, a diferencia de éste que resulta inalienable, el derecho de transformación puede ser objeto de cesión.
TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
Recuérdese que, en el Preámbulo de la Ley 22/1987, de Propiedad Intelectual, se recogían, entre otros, como principios que habían de ser tenidos en cuenta para su interpretación, q
ue las disposiciones sobre transmisión de los derechos de explotación, revistían destacada importancia en cuanto constituían el régimen específico sobre esta materia en el ámbito de los derechos de autor, tienen el carácter de preceptos generales que otorgan a los autores o derechohabientes determinados beneficios que, salvo disposiciones de la propia Ley, son irrenunciables y que, entre ellos, merecen especial consideración por su trascendencia:
- principio de interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos;
- la nulidad de la cesión de derechos respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro y de las estipulaciones por las que se comprometa a no crear alguna obra.
Por su parte, el art. 43 del Real Decreto Legislativo 1/1996 prevé que: "1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos «inter vivos», quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen. / 2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. / 3. Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro. 4. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. 5. La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión".
Explicaba la Iltma. Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Auto de fecha 15/06/2012, que, en sus arts. 43 y siguientes, el Real Decreto Legislativo 1/1996 vino a introducir, sin que esto se haya alterado en lo sustancial con posterioridad, un régimen de cesión de derechos de explotación por actos "inter vivos" que, a diferencia que lo que sucede con el contrato de compraventa o, en general, con los negocios tradicionales capaces de transmitir en bloque y de modo definitivo la universidad de facultades que integran el dominio común o convencional, comporta, según se ha puesto de relieve por la doctrina especializada, la simple atribución al cesionario de una autorización para el uso o ejercicio de tales derechos, ello manteniendo el autor, o sus causahabientes, la titularidad de los mismos, de modo que las posiciones jurídicas relativas de cedente (o sus causahabientes) y cesionario no diferirían del tipo de relación que existe entre arrendador y arrendatario en la propiedad común, o entre licenciante y licenciatario en el caso de un derecho de marca o de cualquier otro derecho de propiedad industrial.
Dicho con otros términos, en la cesión de derechos explotación que regula el Real Decreto Legislativo 1/1996 no hay transmisión de la titularidad de los derechos de explotación, pues no existe lo que se ha dado en llamar "venta de la propiedad intelectual, sino que se produce la atribución a un tercero de la mera facultad de explotar.
No puede perderse de vista que, como afirmaba el Juzgado de lo Mercantil Núm. 12 de Madrid, en su Sentencia de fecha 19/10/2012, aun cuando ha sido un tema debatido en el pasado, hoy resulta pacífica, en el ámbito doctrinal, la admisión de la cesión gratuita de derechos de explotación, de forma que, si bien la onerosidad es consustancial o inherente a determinadas figuras contractuales que comportan cesión de esa clase de derechos (así, por ejemplo, en el contrato de edición), ello no impide la realización, fuera del marco de esos contratos específicos, de liberalidades que tengan por objeto la simple autorización para el ejercicio de facultades de explotación.
Lo que sucede es que, de igual modo que se excluye la posibilidad de una transmisión dominical convencional de tales derechos cuando se trata de contratos onerosos (la conocida como "venta de la propiedad intelectual"), igualmente se rechaza la posibilidad de aplicar; las normas propias de la donación -con la transmisión integral de derechos que es consustancial a esa forma de liberalidad- a un simple negocio de cesión gratuita de derechos, que debe regirse, en cuanto a la interpretación de sus contenidos y del alcance de lo transmitido, por las normas de la cesión de derechos de explotación que se recogen en los antes citados arts. 43 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996.
JOSE MANUEL ESTÉBANEZ IZQUIERDO
JUEZ SUSTITUTO
No hay comentarios:
Publicar un comentario