En lo que respecta al derecho de resolución de determinados contratos sin penalización, el art. 36 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, establece que:
"1. Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento. La pretensión de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso, que en todo caso quedarán sometidos a la aceptación por parte del consumidor o usuario. A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.
2. En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible de acuerdo con el apartado anterior, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario".
Desde otro punto de vista, el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, dice que:
"1. El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.
Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.
2. El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato.
3. El derecho de desistimiento atribuido legalmente al consumidor y usuario se regirá en primer término por las disposiciones legales que lo establezcan en cada caso y en su defecto por lo dispuesto en este Título".
Resulta indiscutible, por tanto, que en los contratos celebrados con consumidores puede establecerse legalmente el derecho de desistimiento de éstos. Y que cuando la norma sea la que establezca ese derecho, se regirá por lo que ella disponga, introduciendo el Real Decreto Ley 11/2020 la posibilidad de que el consumidor puede interesar la resolución del contrato cuando sea de imposible cumplimiento.
A los datos anteriores hay que añadir que, en compensación a este derecho, el vendedor deberá devolver la suma recibida, pero podrá descontar los gastos "incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor".
Es difícil resumir en unas pocas líneas los resultados de algo tan complejo como las medidas urgentes adoptadas en el ámbito social y económico para proteger a los consumidores durante la pandemia del COVID-19, pero se puede afirmar que la situación de alarma puede imposibilitar el cumplimiento de los contratos, pero de cara a garantizar el equilibrio de las prestaciones, el vendedor o el que presta los servicios puede también exigir el pago de los costes que ha asumido.
Es de notar que el Real Decreto Ley 11/2020 permite resolver el contrato incluso superada la situación de alarma ("nueva normalidad").
Dicho esto, es evidente que el derecho a resolver el contrato está íntimamente ligado al derecho del vendedor a exigir el coste o gastos que ha asumido.
Una consecuencia de ello es que el vendedor puede exigir el pago de esos costes, pero no puede exigir el cumplimiento del contrato, cuando se dan las circunstancias que en el art. 36 del Real Decreto Ley 11/2020 se indican.
Por cálculo o por optimismo, el Gobierno ha establecido la posibilidad de que el vendedor puede exigir los costes que haya asumido, pero siempre que los justifique. Por ello, si por el vendedor no se aporta factura o justificante de pago de dichos gastos, resultará justificada la resolución o desistimiento del contrato sin que por el vendedor se pueda exigir compensación alguna.
DERECHO DE IMAGEN
Ilustración obra de Gustave Doré.
JOSÉ MANUEL ESTÉBANEZ IZQUIERDO
JUEZ SUSTITUTO
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