La Audiencia Provincial de Jaén, en Auto de fecha 30/01/2019 [1] , dice, sobre la naturaleza del crédito por costas, lo siguiente:
"... la doctrina jurisprudencial parte de que es un crédito de la parte. Ahora bien, se matiza en el ámbito de la Justicia Gratuita la cuestión, pues lo que evidencia la propia ley, es que es un crédito con un destino señalado por la norma, cual es el pago a los profesionales designados de oficio, que deberán reintegrar lo percibido con cargo a los fondos públicos. (...) O el Auto de la Secc. 1ª de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 3 de marzo de 2017 en el que se dice: ". Es decir, que si bien el titular del crédito por costas lo es y pertenece a la parte, dicho principio general quiebra en el ámbito y caso concreto de defensa y representación en turno de oficio. La legitimación activa para promover la tasación de costas corresponde a la parte contraria a aquélla que fue condenada a su pago ( art 242.1 LEC ). Al respecto la STC 28//1990 de 26 de enero dice: "El titular del crédito privilegiado que origina la condena en costas es la parte contraria beneficiaria de la misma y no los profesionales que la han representado y defendido". Y en la misma línea, la jurisprudencia tiene declarado que la condena en costas " crea una relación entre el condenado y el vencedor, representando un crédito a favor del último y no a favor de su Abogado y Procurador, de ahí que resulte legitimado para su exigencia por esa vía judicial el favorecido con la declaración de condena... en nombre de quien se ha formulado la petición de tasación de costas". Ahora bien, el beneficio de justicia gratuita otorga al beneficiario el derecho de ser asistido por Abogado y Procurador nombrados de oficio, que en principio serán retribuidos a través de los mecanismos establecidos legalmente. No obstante si la persona que goce de dicho beneficio es acreedora de la condena en costas, la retribución de dichos profesionales se llevará a cabo a través de la misma, de donde resulta que si bien las costas son un crédito de la parte y no de los profesionales, y por tanto perfectamente renunciables por aquélla, en el caso de que esos profesionales hayan sido nombrados de oficio, un correcto entendimiento de los preceptos antes transcritos nos lleva a concluir que no podrá la beneficiaria de la justicia gratuita "compensar" ese crédito en su beneficio, porque a pesar de ejercitar un derecho propio, ese ejercicio es en interés o beneficio de terceros.
En conclusión, la Ley contiene una disposición especial sobre el destino que debe darse a esas cantidades, en concreto: el abono de los honorarios profesionales del Abogado y Procurador que han intervenido de oficio en virtud de lo dispuesto por le Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Quien resulta beneficiado por la condena en costas es el Erario Público y no la parte, que obviamente no podrá hacer suyas las cantidades así obtenidas. Por tanto, las cantidades así logradas deben ser destinadas preferentemente a ese fin y no a la satisfacción de otros créditos que el apelante pudiera ostentar frente a la aparentemente beneficiada por la condena en costas".
En Auto de fecha 14/02/2019, la Audiencia Provincial de Asturias, explica [2], en relación al art. 36 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que:
tal precepto "viene sólo referido a las costas devengadas durante el proceso declarativo o contradictorio y así, en sus números 1, 2 y 3, hace expresa y explícita referencia a la "sentencia que ponga fin al proceso", sin referirse para nada al proceso de ejecución, mención que, por el contrario, sí que contiene el Art. 7 de la citada Ley , reguladora de la extensión temporal del derecho, que dispone que la asistencia jurídica gratuita se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, mientras que el art. 6 regula el contenido material de ese derecho a la asistencia jurídica gratuita. No debe olvidarse que el derecho a la asistencia jurídica gratuita es un derecho prestacional de configuración legal cuyas concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador, de acuerdo con el inciso primero del Art. 119 de la CE, siquiera disponga este precepto constitucional el respeto debido a un núcleo indisponible (inciso segundo del artículo) que, sin necesidad de definirlo exhaustivamente, supone que debe reconocerse la justicia gratuita a quienes no pueden hacer frente a los gastos del proceso so pena, en otro caso, de verse en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar. ( STC 16/94 de 20 de Enero ; 117/98 de 2 de Junio ; 12/98 de 15 de Enero ; 183/2001 de 17 de Septiembre ó 17/2001 de 5 de Abril ).
La vieja Ley derogada de 1.881, en su Artículo 950, distinguía las costas de la ejecución de las costas derivadas de los incidentes promovidos durante la ejecución. En todo caso, como es lógico, las primeras serían de cuenta del ejecutado; las segundas vendrían decididas por el resultado del incidente.
La nueva Ley Rituaria, en su art. 539 , sigue igual criterio, serán de cuenta del ejecutado las costas de la ejecución salvo aquellas actuaciones del proceso de ejecución para las que la Ley prevea, expresamente, pronunciamiento sobre costas que será resuelto conforme previene el Art. 241 LEC .
Que las costas de la ejecución, o por mejor concretar, que las costas del ejecutante (al margen queda el contenido del derecho material del beneficio de justicia gratuita) no vengan amparadas por el citado derecho y declarada por la Ley que las regula su exención de pago parece de todo punto lógico atendida la finalidad que, según hechos expuesto, viene atribuida por la doctrina constitucionalista a este precepto, cual es asegurar el derecho de defensa a quien carece de medios para ello pues se entiende que nada puede justificar la actitud renuente del que ha sido condenado por sentencia al cumplimiento voluntario de lo por ella dispuesto.
Naturalmente, distinto es el supuesto de que la Ley provea la posibilidad de oposición a la dicha ejecución, pues, claro está, al referirnos antes a la ejecución lo hacíamos al proceso de ejecución forzosa que sólo trae causa en la renuencia injustificada del ejecutado al cumplimiento voluntario de sus obligaciones. En aquel otro caso (el supuesto de oposición regulada por Ley) pudiera pensarse en la posibilidad de explorar la aplicación del art. 36 de la Ley de 10 de Enero de 1.996 pero sólo referido a las costas derivadas de la dicha oposición.
En el caso, dio el recurrente en conformarse con pronunciamiento relativo al débito por el que se despacha la ejecución y las costas discutidas son las propias del proceso de ejecución y no las que pudieran haberse devengado por razón de la oposición a la ejecución y es por ello que, de acuerdo con lo expuesto, debe desestimarse el recurso aunque por razones distintas de las contenidas, en la resolución recurrida.".
En el mismo sentido, la Sala asturiana recuerda que el Auto de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 15/06/2017 declara lo siguiente:
"En el presente caso, los efectos del beneficio de justicia gratuita reconocido a la ejecutada en la fase declarativa al objeto de que pudiera oponerse a la pretensión articulada en la demanda, no se extiende al proceso de ejecución, aunque sí a los incidentes que pudieran producirse en el mismo, pues ha de distinguirse entre las costas eventualmente originadas en trámites seguidos en la ejecución de una sentencia y las costas y gastos necesarios para ejecutar el título judicial por incumplimiento voluntario de la parte ejecutada.
En desarrollo del art.119 de la CE , el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (RCL 1996, 89), cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo", y el artículo 539.2 del mismo texto legal ordena que "en las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta Ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les correspondan conforme a lo previsto en el art. 241 de esta Ley , sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del tribunal sobre las costas. Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que se vayan produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya solicitado la actuación de que se trate". Tales preceptos han de ser puestos en relación con lo regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo artículo 7.1 establece, acerca de la "extensión temporal" de la misma, que "la asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto". Mas una adecuada inteligencia de las normas y al enlazar el artículo 7 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con el artículo 539.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se infiere que el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá disfrutar de los beneficios reconocidos en la ley también en el procedimiento de ejecución, por lo que concierne a los trámites e incidencias que se puedan dar durante la misma para dilucidar determinadas cuestiones que surjan entonces, pero ello no puede interpretarse extensivamente hasta el punto de eximir a la ejecutada de aquellos gastos ocasionados para dar cumplimiento por vía coercitiva a lo resuelto en sentencia firme, ante la pasividad de la parte condenada y al no realizar ésta voluntariamente las prestaciones que le fueron impuestas en resolución judicial firme. En este sentido el AAP Baleares (Secc. 5ª) de 13 de noviembre de 2.003 , AAP Asturias (Secc. 7ª) de 11 de marzo de 2.002 , y SAP Málaga (Secc. 4ª) de 4 de abril de 2.003 . con cita de la STS de 23 de noviembre de 1999 .
El motivo se desestima.".
Añade la resolución dictada por la Sala asturiana que la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, en Auto de fecha 13/11/2003, expresa lo siguiente:
"Subsumiendo el supuesto de hecho enjuiciado en las normas antes transcritas, considerando la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional en relación con el derecho a la asistencia jurídica gratuita, y haciendo propias las razones expuestas en la sentencia que se acaba de citar y en el escrito de oposición al recurso, concluye esta Sala que ha de refrendarse íntegramente la decisión adoptada por el Juzgado "a quo" y, coherentemente, desestimar el recurso de apelación interpuesto contra ella. En efecto, al ponerse en relación el artículo 7 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con el artículo 539.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se infiere que el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá disfrutar de los beneficios reconocidos en la ley también en el procedimiento de ejecución, por lo que concierne a los trámites e incidencias que se puedan dar durante la misma para dilucidar determinadas cuestiones que surjan entonces, pero ello no puede interpretarse extensivamente hasta el punto de eximir a la ejecutada de aquellos gastos ocasionados para dar cumplimiento por vía coercitiva a lo resuelto en sentencia firme, ante la pasividad de la parte condenada y al no realizar ésta voluntariamente las prestaciones que le fueron impuestas en resolución judicial firme, como sucede en el caso de autos, en el que doña R... no ha abonado la cantidad dineraria que fue condenada a satisfacer en sentencia firme, pese a que se ha comprobado su solvencia, como propietaria que es de una finca urbana que cuenta con planta baja y piso, comunicados por escalera interior, y que está integrada por garaje, cuatro dormitorios, dos baños, un aseo, comedor-estar, cocina, lavandería y terrazas, siéndole inherente el uso exclusivo de dos porciones no edificadas del solar, a nivel de planta baja, una anterior destinada a acceso y jardín, y otra posterior destinada a jardín, forzando la parte ejecutada con su incumplimiento a que la ejecutante haya tenido que instar y el Juzgado desarrollar determinadas actuaciones -empezando por el embargo del antedicho inmueble- para lograr la efectividad del pronunciamiento jurisdiccional firme de condena dictado en su día. Han de distinguirse, en suma, las costas eventualmente originadas en trámites seguidos en la ejecución de una sentencia, de las costas y gastos necesarios para la ejecución de la misma ante el incumplimiento voluntario por la parte ejecutada de lo ordenado en ella. " .
La Sala ovetense precisa que el Auto de la Audiencia Provincial de A Coruña de fecha 23/03/2018 argumenta, en un sentido contrario al de las anteriores resoluciones, que:
"No obstante se considera más adecuado el criterio de que tal derecho excluye también la exacción forzosa de las costas que deriven de la ejecución, pues como señala el auto de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Valencia, de 29 de abril de 2.014 "Ello no impide la exclusión temporal de la exacción, a salvo que se llegue a mejor fortuna, también en el supuesto de que falte condena expresa en costas de la ejecución, puesto que no es que no exista tal imposición, sino que esta se encuentra directamente por ley, resultando equiparable uno y otro caso. Puesto que de otro modo no se entiende que se conceda el beneficio de justicia gratuita por el organismo encargado comprensivo de todas las prestaciones previstas en el artículo 6 de la Ley especial, sin mayor distinción, ni que, tratándose en ambos casos, con condena y sin condena, de costas de la ejecución cuando se refieren a estas, deba aplicarse el beneficio solo a las que hay condena en costas en esta fase, además de las correspondientes a la primera instancia, y no a las directamente determinadas por Ley".
La Sala asturiana concluye que la "Ley de Asistencia Jurídica Gratuita comprende todo tipo de procesos, y por tanto está incluido el proceso de ejecución, se estima que la exclusión de la exigibilidad de las costas del art. 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha de limitarse a aquellos supuestos en que existe una condena en costas, es decir, cuando derivan de una disposición legal, pero no a las que son propias de la ejecución, pues como se señala en las resoluciones anteriormente citadas éstas están ligadas al propio incumplimiento de la obligación impuesta en la sentencia y no al debate que pudiera resultar del ejercicio del derecho de defensa".
En el Auto de fecha 21/02/2019 dictado por la Audiencia Provincial de Navarra [3] se puede leer lo siguiente:
"La sentencia de esta Sala de 16 de marzo de 2004 (rollo 27/2003) precisamente subraya que, después de la reforma por la LEC, la titularidad del derecho a las costas es de la parte, no es exigible que la parte documente haber pagado a los profesionales contratados para reclamarlas de la contraria, y la posibilidad de que estos profesionales presenten sus minutas de honorarios, a efectos de que sean tenidos en cuenta en la tasación.
Ciertamente se dijo que "...teniendo en cuenta además que en determinados supuestos (por ejemplo cuando el litigante beneficiario de la condena en costas goce del beneficio de justicia gratuita) no pueden estos profesionales exigir de la parte el abono de sus honorarios", pero esto nadie lo debate en el caso de autos, y específicamente es así (además de que, por la muerte de la parte, nunca podrá ocurrir que, por excepción de venir a mejor fortuna, pueda resultar deudora de procurador y letrada).
En nuestro sistema el Estado no sufraga el coste real de la representación y defensa en juicio de los sujetos sin recursos a quienes reconoce derecho de justicia gratuita, sino que subvenciona en una porción módica a las corporaciones para la prestación institucional del tradicional servicio por turno de oficio. Sin embargo, restituye a los concretos profesionales que actúan en pro del justiciable, con nítido sentido de potenciación del ejercicio del indicado derecho de justicia gratuita, en los supuestos de condena en costas a la parte adversa. Por ello se prevén las costas debidas de la parte que no las ha soportado (art. 36.1 LAJG). En tal supuesto, el destino de las costas no puede reintegrar a la parte beneficiaria, en tanto que no soporta el gasto, sino que reintegra directamente a los profesionales, y entonces, privada de causa la ayuda de fondos públicos para el turno colegial de oficio, debe ser devuelta cuando efectivamente se perciban las costas por tales profesionales (art. 36.5 LAJG). Si no fuera así, no se repararía el perjuicio causado por haber tenido que acudir, agitando o resistiéndose, al proceso, fundamento del pronunciamiento en costas, puesto que el perjuicio lo experimenta la procura y la abogacía en los supuestos de justicia gratuita, mitigado por ayudas públicas, y no la parte.
Si no fuera como ha sancionado el auto apelado, y ratifica la Sala, la parte contraria del beneficiario de justicia gratuita, como acontece en nuestro asunto con Abanca, litigaría sin riesgo de tener que reparar la inversión innecesaria en el proceso de quien obtuvo el reembolso. O a la inversa, si no fuera así, se produciría una asignación patrimonial sin causa al titular del derecho de justicia gratuita, a quien obtener la tutela judicial no le supone pago de procurador y abogado, y sin embargo recibiría el precio tasado de los servicios de éstos de la parte contraria.
Por consiguiente, en un supuesto como el de autos, y así los AAP Madrid -17ª- de 13 de julio de 2009, Guadalajara -1ª- de 24 de febrero de 2011, Barcelona -12ª- de 20 y 26 de octubre de 2011 y Las Palmas -5ª- de 30 de junio de 2015, el destino de los 5.615,74 euros del caso, que suponen el precio de procurador y abogado, faltando la parte, es la entrega a estos profesionales, quienes habrán de reintegrar lo percibido de la Comunidad Foral como subvención del servicio".
La Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto de fecha 16/05/2019 [4], declara que si bien es procedente la tasación de costas cuando las mismas le sean impuestas al beneficiario de justicia gratuita, no cabe solicitar su pago salvo que se acredite que aquel ha venido a mejor fortuna.
Matiza que la competencia para determinar si el beneficiario de justicia gratuita ha venido a mejor fortuna desde la reforma del art. 36 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita aprobada por la Ley 42/15, de 5 de octubre, corresponde a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En este sentido, la Magistrados recuerdan que:
"Con anterioridad a la reforma de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita operada por la Ley 42/2015 de 5 de octubre, si bien existía disparidad en la jurisprudencia menor en relación al órgano competente para el conocimiento de la revocación del beneficio de justicia gratuita, la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, en sentencias del 28 de junio de 2010 y 18 de febrero de 2014 , declaró que "... la decisión sobre la concurrencia de una circunstancia, la de la mejor fortuna sobrevenida, que condiciona la ejecución de un pronunciamiento judicial, como es la condena en costas, de cuya efectividad se trata..." es competencia del órgano judicial que conozca de la ejecución.
Sin embargo, tras la reforma introducida por la Ley 42/2015, la conclusión ha de ser distinta. En la propia Exposición de Motivos de esta Ley se dice que: "... Igualmente se establece que el procedimiento de revocación del derecho de justicia gratuita a realizar por la Comisión debe ser con audiencia del interesado y con resolución motivada, atribuyéndose a la misma también el trámite para la declaración de que el beneficiario ha llegado a mejor fortuna. Finalmente, para agilizar la tramitación y resolución judicial de las impugnaciones realizadas a las resoluciones de la Comisión sobre justicia gratuita, se amplía el plazo a diez días para su interposición, y se establece un procedimiento por escrito, eliminándose la vista, salvo excepciones".
En consonancia con tal finalidad, tanto en los supuestos de que la revocación de tal beneficio obedezca a una declaración errónea o al falseamiento u ocultación de datos determinantes para su reconocimiento (art. 19), como en los que obedezca a venir a mejor fortuna (art. 36-2), la competencia corresponde a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita".
La Audiencia Provincial de Tarragona, en Auto de fecha 16/05/2019 [5], expone, en un supuesto en que se oponía por la parte recurrente la ejecución resultaba improcedente, al gozar del derecho a la justicia gratuita, lo que sigue:
"... y siendo ello así, debió denegarse el despacho de la ejecución. Nos encontramos ante un supuesto de nulidad del despacho de la ejecución, al faltar el requisito de la exigibilidad de la deuda, pues como apunta el auto de la AP de Madrid de 24-2-12 , "su importe no es directamente exigible al ejecutado que tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, ya que únicamente puede ser reclamado su importe cuando se cumpla el presupuesto o requisito de procedibilidad que se contiene en el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 1/1996 , esto es, que el condenado, dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso, viniese a mejor fortuna, lo que se entiende producido cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superan el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieren alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Acreditación que lógicamente ha de preceder al despacho de la ejecución forzosa, y no durante el curso de ésta, por cuanto el venir a mejor fortuna constituye un elemento esencial configurador del título y, por tanto, previo a la solicitud o petición de la ejecución". Sin embargo, lo que no compartimos con el apelante, es que es este caso, esta declaración de nulidad del despacho de la ejecución, cuando el juez a quo debió haberla denegado, comporte la imposición de costas, primero, porque en cualquier caso, la estimación de la oposición planteada, lo fue parcial, por acogimiento de uno de los dos motivos planteados, con rechazo de la primera causa de oposición , y segundo , porque , no fue sino con ocasión de la oposición a la ejecución, cuando puso de manifiesto el apelante que era titular del derecho a la justicia gratuita, y no existe constancia justificada a esta Sala de que el ejecutante, conociera la circunstancia concurrente en la apelante por ser beneficiaria del derecho a la justicia gratuita que impedía la exacción de las costas aprobadas".
La Audiencia Provincial de Madrid, en Auto de fecha 04/06/2019 [6], declara que:
"El reconocimiento del beneficio de justicia gratuita no tiene carácter retroactivo. A tenor del art. 7 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita " La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto " y "... se mantendrá para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia". En consecuencia, desenvuelve sus efectos respecto de las costas que se pudieran devengar en el futuro en el proceso para el que se solicitó así como sus ulteriores incidencias y recursos. En el caso, para la segunda instancia, para la ejecución instada con posterioridad, en el incidente de tasación de costas, etc., pero no respecto a las actuaciones procesales precedentes al momento en que se formuló la petición y a la instancia ya concluida, en la que precisamente se ocasionaron las costas para cuya efectividad se ha promovido la ejecución. Y ello con independencia de que para el reconocimiento del beneficio sea necesario, cuando se solicite lite pendente, que se acredite que las circunstancias determinantes sobrevinieron con posterioridad al inicio del proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 LAJG". En suma, habiéndose solicitado el beneficio de justicia gratuita tras haberse dictado el Decreto de 6/4/2017 . en que se aprobó definitivamente las costas tasadas en el juicio verbal de desahucio por falta de pago sustanciado en los autos 845/2016 en el Juzgado a quo, es llano que la concesión del beneficio tuvo lugar el 25/1/2018 y, en consecuencia, el artículo 36-2 del citado texto legal no pudo haberse conculcado, ya que en el mismo se contempla como presupuesto normativo que se condenase en costas en la sentencia que ponga fín al proceso a quien hubiese obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o lo tuviese reconocido, siendo palmario, insistimos, que no se había reconocido dicho derecho al tiempo de poner fín al proceso o al resolverse el incidente de la tasación de costas, por lo que no cabe otorgar a ese reconocimiento un efecto retroactivo que el ordenamiento jurídico no lo asigna, sino que explicitamente lo rechaza, de lo que ha de seguirse que el recurso y, a fortiori, la impugnación han de periclitar sin necesidad de dar contestación a todos los alegatos que vertebran la disconformidad con la resolución recurrida, al ser su tratamiento claudicante meramente tributario de cuanto se ha dejado expuesto.
La Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto de fecha 06/06/2019 [7], mantiene que el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no es una cuestión que se encuentre legalmente previsto que deba afectar al pronunciamiento sobre la imposición de costas, por cuanto el principio de vencimiento objetivo, acogido por el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no admite excepciones por razón de que el condenado en costas sea titular el derecho de asistencia jurídica gratuita, pues el artículo 394.3, párrafo tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil se remite a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que, en su artículo 36, admite la condena en costas de quien hubiere obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, si bien quedando éste obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria sólo si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, de tal suerte que el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no afecta a la condena en costas, y únicamente impide la exacción en ejecución de sentencia en tanto el condenado en costas no venga a mejor fortuna.
Añada la Sala barcelonesa que "El pronunciamiento sobre la exigibilidad de las costas pertenece al ámbito de la exacción de las costas, y por lo tanto de su ejecución, que es momento procesal distinto al de su imposición, o aprobación, de acuerdo con el artículo 242.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no pudiendo hacerse en el momento de la imposición o la aprobación de las costas un pronunciamiento judicial que únicamente puede hacerse en el momento procesal de la exacción de las costas, de ser opuesta por el ejecutado, con fundamento en el artículo 559.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la nulidad del despacho de la ejecución de la tasación de las costas, por no cumplir la resolución judicial los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, por haberle sido reconocido el derecho de justicia gratuita al condenado en costas, de acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,, según el cual el condenado en costas que hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, no queda obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, salvo que hubiere venido a mejor fortuna".
En Auto de fecha 07/06/2019, la Audiencia Provincial de Valencia [8] aclara que:
"... Acreditan tales ejecutados gozar del beneficio de justicia gratuita con los derechos que le son inherentes, cuales son los del artículo 6 de La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita . Y, conforme a su artículo 36.2, "...". En consecuencia, si bien el título (Decreto dictado por el señor Secretario del Juzgado aprobando la tasación de costas practicada) incorpora una deuda líquida, la misma no es exigible, salvo que la Comisión que declaró el derecho aprecie la mejor fortuna a que se refiere el precepto, debiendo acompañar tal declaración el ejecutante al objeto de integrar el título de ejecución".
La Audiencia Provincial de Valencia, Auto de fecha 19/07/2019 [9], destaca que el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita no obsta a que se condene en costas al correspondiente beneficiario conforme a lo establecido en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que, como ha vendido declarando la doctrina jurisprudencial, el condenado en costas no queda exento del pago de las mismas por disfrutar de tal beneficio de justicia gratuita, si bien con las condiciones establecidas en la legislación especial, lo cual, por lo demás, tiene como efecto el que no pueden considerarse como indebidas las costas causadas (véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 23/06/1977, 23/11/1999, 11/02/2003 y 23/11/2010).
En este sentido, el citado Auto Núm. 360/2019 de la Audiencia Provincial de Valencia indica que:
"... cuando el párrafo 2 del artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita establece que "Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera tenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del art. 1967 del C.C "; ello lo que significa es que no se puede proceder a la exacción de los importes correspondientes a las costas a las que fuera condenada la persona que goza del beneficio de justifica gratuita, salvo que viniera a mejor fortuna en el plazo de tres años, no existiendo inconveniente alguno, en consecuencia, para que pueda condenársele al pago de costas -e incluso tasarse- mientras tanto, puesto que, en definitiva, se han generado tales costas, y únicamente cabe diferir su exigencia, que no puede ser inmediata según el precepto indicado, a que venga el condenado a mejor fortuna".
En Auto de fecha 18/09/2019, la Audiencia Provincial de Barcelona [10], tras recoger lo establecido en los arts. 394.3 y 583.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el art. 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, insiste en que lo que no puede llevarse a efecto es el pago de las costas ocasionadas a la parte contraria a la que fue condenada en sentencia, si se le ha reconocido el derecho a litigar gratuitamente, salvo que en el plazo de los tres años siguientes mejorara de fortuna; pero esto no impide que la parte que haya obtenido el derecho a que se le paguen las costas causadas en el procedimiento, solicite -para concretar su crédito- la tasación de costas, y así la obtenga del Tribunal, suspendiéndose, sin embargo el apremio, salvo que mejore de fortuna en el plazo de tres años.
Afirma la Sala barcelonesa que "Sostener que por el sólo hecho de gozar del beneficio de justicia gratuita la parte que ha sido condenada al abono de las costas exime al Secretario de practicar una tasación que refleje la posición deudora del litigante de este modo favorecido carece de amparo legal, pues, como el expresado precepto dispone, la misma puede llegar a ser efectiva en el supuesto de que el beneficiado llegue a mejor fortuna o posición. Es por ello que, ineludiblemente y en todo caso, si existe condena en costas debe hacerse su tasación. En definitiva, el beneficio de justicia, no significa ni mucho menos, la no existencia de un pronunciamiento sobre costas y su posterior tasación. Cuestión distinta y afectada por la temporalidad es, como ya se ha dicho, la posibilidad de su exacción futura ( S.T.S. 23 de febrero de 2004 ), sin que se haga precisa declaración expresa de que quede en suspenso el abono del importe de las costas, en tanto no concurra el presupuesto legal".
Añade la referida resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona, con cita de su Auto de fecha 25/09/2018, que:
"... sobre si se puede o no embargar cantidad alguna para costas a quien tiene concedido el beneficio de justicia gratuita, el art. 575.1 de la LEC no contempla ninguna excepción. Tampoco la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita recoge ningún beneficio en este sentido; será solo una vez tasadas las costas cuando se aplicará el último párrafo del art. 394.3 de la LEC y el art. 36.2 de la Ley 1/1996 ; en definitiva y en última instancia, todas las cantidades que se embarguen al demandado finalmente servirán para cubrir solamente el principal y los intereses, abarcando también las costas solo si hubiera venido a mejor fortuna en el plazo de tres años" y que
En cuando la posibilidad de alegar el beneficio de justicia gratuita como causa de oposición en un proceso de ejecución, la Audiencia Provincial barcelonesa afirma, con cita de su Auto de fecha 20/02/2019, que:
"No estamos ante una de las concretas causas de oposición previstas en el artículo 556 LEC , en la medida en que no afecta al importe de la deuda reclamada sino a medidas ejecutivas concretas comprensivas del Decreto dictado por el LAJ como responsable de la ejecución, entre ellas el embargo de bienes y su exacta y concreta extensión. Será en este momento concreto en el que deba hacerse valer el beneficio existente en su caso para adecuar la actuación ejecutiva a la existencia del derecho aquí reconocido al ejecutado con posterioridad al auto despachando ejecución. En el marco de un procedimiento de ejecución .... debe además precisarse que la resolución mediante la que se da la orden general de ejecución, el auto despachando ejecución lo es, conforme a lo dispuesto en el artículo 551.3º LEC en relación con los artículos 539 y 575 LEC , por todos los conceptos en ella consignados siendo el de las costas un importe previsto y prudencial."
A modo de colofón creo conveniente destacar que la doctrina jurisprudencial expuesta puede condensarse en las siguientes conclusiones.
- la circunstancia de disfrutar la parte obligada al pago de las costas del beneficio de justicia gratuita no puede considerarse como impeditiva de la práctica de la tasación de costas. El deber de pagar las costas existe y es carga procesal de la parte impugnante de la tasación de costas practicada y, por tanto, resulta procedente la práctica de su tasación y de las actuaciones que la complementan en idénticos términos que en los casos en que el obligado al pago de las costas no tiene reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita. Únicamente, habrá de tenerse en cuenta para su exacción lo dispuesto en el art. 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita;
- el beneficio de justicia gratuita reconocido a la parte vencida en costas no evita la tasación de las mismas, afectando sólo a su exacción, porque una cosa es la práctica de la tasación de costas y otra distinta la exacción de las mismas, no existiendo obstáculo para la correcta tasación de las costas ya que estas nacen con el correspondiente título que lo es la sentencia en la que se condena en costas, y otra cosa bien distinta es que por la concesión del beneficio de justicia gratuita el acreedor de las mismas no las pueda percibir sino hasta que se den los supuestos que contempla el artículo 36 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, precepto que, en su número segundo, establece que cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del C. Civil; .
- la pervivencia del reconocimiento del derecho de justicia gratuita se erige como obstáculo a la exigibilidad de la deuda de costas;
- lo que no puede llevarse a efecto es el pago de las costas ocasionadas a la parte contraria al que fue condenada en sentencia, si se le ha reconocido el derecho a litigar gratuitamente, salvo que en el plazo de los tres años siguientes mejoren de fortuna, pero eso no empece a que la parte que haya obtenido el derecho a que se le paguen las costas causadas en el procedimiento, solicite para concretar su crédito, la tasación de costas, y así la obtenga del Tribunal, suspendiendo sin embargo el apremio, salvo que mejore de fortuna en el plazo de tres años;
- si bien la regla general por la que el titular del derecho a percibir el crédito que comportan las costas es el litigante, y no los profesionales que intervienen en su representación y defensa, parte de la base de que la relación profesional entre el litigante y su abogado y su procurador es la derivada de la existencia de un contrato de arrendamiento de servicios, en base al cual habrán de satisfacerse sus honorarios, y ello cede cuando los profesionales no actúan en virtud de este tipo de contrato, sino por designación de la Administración pública, a fin de garantizar la efectividad del derecho fundamental de defensa proclamado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, en estos supuestos, cuando la intervención de los profesionales trae causa del reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita entra en juego lo previsto en el art. 36.1 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, según el cual, en caso de pronunciamiento sobre costas a favor del litigante que obtuvo el reconocimiento de dicho derecho, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquélla, de tal suerte que los profesionales intervinientes pasan a ostentar un derecho autónomo al percibo de las costas, reconocido en el art. 36.1, que les permite reclamar para sí las costas, ejerciendo en lugar de su patrcinado el derecho a las costas a éste reconocido, instando incluso la tasación y exacción de las costas en el proceso mismo. Dicho en otros términos, en el supuesto en que los profesionales han sido designados de oficio, nos encontramos ante un derecho subjetivo público de índole prestacional, destinado a procurar la consecución del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El derecho subjetivo público de quien tiene reconocido el derecho a la justicia gratuita se colma con la prestación del servicio por los profesionales que hayan intervenido en el proceso, el cual; a su vez, tiene carácter indemnizatorio;
[1] Auto de la Audiencia Provincial de Jaén de fecha 30/01/2019; Núm. de Resolución: 32/2019; Núm. de Recurso: 678/2018; Ponente: Dª. MARIA ELENA ARIAS SALGADO ROBSY;
[2] Auto de la Audiencia Provincial de Jaén de fecha 14/02/2019; Núm. de Resolución: 16/2019; Núm. de Recurso: 18/2019; Ponente: Dª. MARIA JOSE PUEYO MATEO;
[3] Auto de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 21/02/2019; Núm. de Resolución: 43/2019; Núm. de Recurso: 444/2018; Ponente: D. EDORTA JOSU ECHARANDIO HERRERA;
[4] Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 16/05/2019; Núm. de Resolución: 160/2019; Núm. de Recurso: 56/2019; Ponente: Dª. MARTA ELENA FERNANDEZ DE FRUTOS;
[5] Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona de fecha 16/05/2019; Núm. de Resolución: 87/2019; Núm. de Recurso: 459/2019; Ponente: Dª. SILVIA FALERO SANCHEZ;
[6] Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 04/06/2019; Núm. de Resolución: 187/2019; Núm. de Recurso: 222/2019; Ponente: D. JOSE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ;
[7] Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 06/06/2019 Núm. de Resolución: 129/2019; Núm. de Recurso: 923/2019; Ponente: D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELLE;
[8] Auto de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 07/06/2019 Núm. de Resolución: 189/2019; Núm. de Recurso: 675/2019; Ponente: Dª. SUSANA CATALAN MUEDRA;
[9] Auto de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 19/07/2019 Núm. de Resolución: 360/2019; Núm. de Recurso: 190/2019; Ponente: D. MANUEL ORTIZ ROMANI;
[10] Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 19/07/2019 Núm. de Resolución: 340/2019; Núm. de Recurso: 51/2019; Ponente: Dª. MARIA DOLORES VIÑAS MAESTRE;
DERECHO DE IMAGEN
Ilustración obra de Eugène Delacroix.
JOSÉ MANUEL ESTÉBANEZ IZQUIERDO
JUEZ SUSTITUTO
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