APUNTES JURISPRUDENCIALES SOBRE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO

El artículo 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que "en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira".

Desde el punto de vista de la normativa común, el artículo 1903 de Código Civil -"La obligación que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. /.../ Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones"- configura una obligación de responder derivada de la culpa en la vigilancia de las actividades empresariales realizadas por los trabajadores de su plantilla laboral 

Y conforme al artículo 4.2.d de Estatuto de los Trabajadores corresponde a la empresa una obligación de proteger la integridad física de los trabajadores, debiendo prevenir en el ámbito de la actividad empresarial los riesgos laborales mediante la prevención necesaria y estableciendo órdenes específicas a estos efectos.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15.4 -"La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras- fija que la empresa ha de adoptar previamente las medidas preventivas necesarias para evitar el accidente de trabajo, exonerándose de responsabilidad en caso de imprudencias temerarias realizadas por parte del trabajador, por lo que si bien es cierto el deber de protección empresarial no llega a ser incondicionado e ilimitado, mas es necesaria por la empresa la demostración de este tipo grave de imprudencia realizada por el trabajador a efecto de eximirse de responsabilidad, en caso de ser esta la posición que mantiene. 

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 06/06/2019 [1] recuerda, con cita de las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 02/10/2000 y 12/07/2007, que son requisitos determinantes de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: 

• que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleador (véase la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26/03/1999);
• que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador;
• que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado (véase la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 06/05/1998); 

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 11/02/2018 [2], expone lo siguiente:

• la exigencia de responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo necesariamente ha de calificarse como "contractual", si el daño es consecuencia del incumplimiento contractual; y que tan sólo merece la consideración "extracontractual", cuando el contrato ha sido únicamente el antecedente causal del daño, cuya obligación de evitarlo excede de la estricta órbita contractual, hasta el punto de que los perjuicios causados serían igualmente indemnizables sin la existencia del contrato. Y aún en los hipotéticos supuestos de yuxtaposición de responsabilidades, parece preferible aplicar la teoría -más tradicional, en la jurisprudencia- de la "absorción", por virtud de la cual el contrato absorbe todo aquello que se halla en su órbita natural (en general, por aplicación del art. 1258 del C. Civil; y en especial, por aplicación de la obligación de seguridad) y el resarcimiento de los daños ha de encontrar ineluctable cobijo en la normativa contractual; 
• el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su integridad física" (véase el artículo 4.2.d del Estatuto) y a "una protección eficaz en materia de seguridad e higiene" (véase el art. 19.1 del Estatuto). Obligación que más específicamente y con mayor rigor de exigencia desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuyos rotundos mandatos contenidos en los artículos. 14.2, 15.4 y 17.1  determinaron que se afirmase que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran (véase la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 08/10/2001);
• existiendo una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1.101 del C. Ciivl, que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas".
• no puede sostenerse la exigencia culpabilista en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario crea el riesgo, mientras que el trabajador -al participar en el proceso productivo- es quien lo sufre; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar y en último término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias (véase el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), estableciéndose el deber genérico de garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores (véase el artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); 
• la deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo (esto es, el accidente de trabajo), para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá, incluso, de las exigencias reglamentarias; 
• sobre la carga de la prueba ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 del C. Civil, del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos (lesiones y secuelas derivadas del accidente de trabajo) y de los impeditivos, extintivos u obstativos (diligencia exigible), atendiendo a la disponibilidad y facilidad probatoria (y es que es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta);
• el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable, pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

En este sentido, conviene señalar que en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30/06/2010 se puede leer que no procede aplicar en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por el resultado, y no solamente porque esta conclusión es la que se deduce de los preceptos anteriormente citados, sino por su clara inoportunidad en términos finalísticos, pues tal objetivación produciría un efecto "desmotivador" en la política de prevención de riesgos laborales, porque si el empresario ha de responder civilmente siempre hasta resarcir el daño en su integridad, haya o no observado las obligadas medidas de seguridad, no habría componente de beneficio alguno que le moviese no sólo a extremar la diligencia, sino tan siquiera a observar escrupulosamente la normativa en materia de prevención; y exclusivamente actuaría de freno la posible sanción administrativa, cuyo efecto disuasorio únicamente alcanzaría a las más graves infracciones (de sanción cuantitativamente mayor).

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 03/07/2019 [3] señala, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23/06/2014, que las premisas valorativas para la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo son las siguientes:

• sistema de responsabilidad empresarial en contingencias profesionales, que puede ser cuádruple: 
• las prestaciones, que suponen responsabilidad objetiva con indemnización tasada, atendidas por las cotizaciones del empresario; 
• el recargo de prestaciones ex art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible incumplimiento de las reglas técnicas impuestas como medidas de seguridad; 
• las mejoras voluntarias de la acción protectora;
• como cierre del sistema, la responsabilidad civil de naturaleza contractual (véase el art. 1101 del C. Civil) o extracontractual (véase el art. 1902 del C. Civil), por concurrir culpa o negligencia empresarial.
• exigencia de culpa en la responsabilidad contractual, si bien la responsabilidad civil contractual requiere culpa, la exigencia culpabilista no lo es en su sentido clásico, pues la deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo (es decir, el accidente de trabajo o enfermedad profesional), para enervar su posible responsabilidad el empleador haya de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias;
• competencia del orden social, que alcanza tanto a la posible responsabilidad civil contractual (por ilícito laboral surgido dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo normal del contenido negocial), como cuando se yuxtapone a responsabilidad extracontractual (la relación de trabajo es tan sólo antecedente causal del daño); ya que el contrato absorbe todo aquello que se halla en su órbita natural; 
• alcance general de la reparación económica, el trabajador tiene derecho a la reparación íntegra, de manera que la indemnización procedente deberá ser suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios, que como derivados del accidente de trabajo se acrediten sufridos en las esferas personal, laboral, familiar y social, sin que pueda exceder del daño o perjuicio sufrido;
• fijación en instancia y posible revisión; aunque la fijación del importe indemnizatorio es misión del órgano de instancia, pese a todo es fiscalizable en vía de recurso extraordinario, cuando aquélla ha aplicado sus propios criterios de forma incorrecta, arbitraria o desproporcionada;
• categorías básicas a indemnizar, la exigible especificación de los daños y perjuicios únicamente puede llevarse a efecto distinguiendo entre los que corresponden a las categorías básicas: el daño corporal (esto es, lesiones físicas y psíquicas), el daño moral (es decir, sufrimiento psíquico o espiritual), el daño emergente (esto es, pérdida patrimonial directamente vinculada con el hecho dañoso) y el lucro cesante (es decir, pérdida de ingresos y de expectativas laborales);
• la "compensatiolucri cum damno", cuando existe el derecho a varias indemnizaciones, las mismas se entienden compatibles pero complementarias, lo que implica que haya de deducirse del monto total de la indemnización lo que se hubiese cobrado ya de otras fuentes por el mismo concepto; con dos aclaraciones: 
• con ello se persigue tanto evitar el enriquecimiento injustificado del trabajador como el de quien causó el daño o la posible aseguradora; 
• la compensación de las diversas indemnizaciones solo puede ser efectuada entre conceptos homogéneos.

Asimismo, la doctrina jurisprudencial (véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 23/06/2014 y 07/02/2019) ha sentado también los siguientes criterios de valoración:

• daño emergente: en lo que al daño emergente se refiere, la determinación de su importe indemnizatorio habrá de realizarse atendiendo exclusivamente a lo oportunamente pedido y a la prueba practicada, tanto respecto de su existencia como de su importe;
• lucro cesante: tratándose de lucro cesante, tanto por incapacidad temporal como por incapacidad permanente, la responsabilidad civil adicional tiene en su caso carácter complementario de las prestaciones de Seguridad Social y de las posibles mejoras voluntarias, si el importe de aquél supera a la suma de unas y otras, que en todo caso habrán de ser tenidas en cuenta al fijar la indemnización, pues hay un solo daño que indemnizar y el mismo puede alcanzarse por las diversas vías, que han de ser estimadas formando parte de un total indemnizatorio. Pero no se deducirá del monto indemnizatorio por el concepto de lucro cesante el posible recargo por infracción de medidas de seguridad; 
• daño corporal/daño moral: para el resarcimiento de estos dos conceptos, el juzgador puede valerse el Baremo que figura como Anexo al Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que facilita aquella -necesaria- exposición vertebrada, teniendo en cuenta:
• se trata de una aplicación facultativa, pero si el juzgador decide apartarse del Baremo en algún punto, deberá razonarlo, para que la Sentencia sea congruente con las bases que acepta; 
• también revisten carácter orientativo y no han de seguirse necesariamente los importes máximos previstos en el Baremo, los que pueden incrementarse en atención a factores concretos del caso y a los genéricos de la ya referida -y singular- exigencia culpabilística en la materia (inexistente en los riesgos "circulatorios")] y de los principios de acción preventiva.

En la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 18/07/2019  [4], se puede leer, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10/01/2019 y en relación con la compensación de la indemnización con lo cobrado de la póliza de seguro contratada por la empresa por imposición del convenio colectivo para el caso de incapacidad permanente total, lo siguiente: 

"La mejora pactada en convenio colectivo no satisface daños morales, sino patrimoniales y, especialmente, el lucro cesante, razón por la que es improcedente el descuento de la mejora con otros conceptos indemnizatorios que tengan su causa en otro daño (físico, psíquico o moral). ... Que el daño patrimonial en su manifestación de lucro cesante no se compensa solo con las prestaciones de la Seguridad Social lo corrobora, ..., que el nuevo Sistema de Valoración de Daños y Perjuicios, aprobado por la Ley 35/2015, de 22 de diciembre, dedica especial atención al lucro cesante a reconocer en casos de muerte (art. 80 y ss ) y de lesiones con secuelas (art. 126 y ss), siendo de señalar que el artículo 132 nos enseña que las prestaciones por incapacidad permanente, incluso si se trata de la absoluta, no excluyen el reconocimiento de una cantidad indemnizatoria que compense por el lucro cesante . (...)"

Como recuerda la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 27/06/2019 [5], el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción sobre reclamación de indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo es el de un año, previsto en el art. 59.7 del Estatuto de los Trabajadores (véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 10/12/1998, 12/02/1999, 06/05/1999 y 22/03/2002).

El referido plazo prescriptivo no podrá iniciarse hasta que el beneficiario tenga un cabal conocimiento de las secuelas del accidente y de las mermas que tales secuelas produzcan, tanto en su capacidad de ganancia, como en su patrimonio biológico (véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 10/12/1998, 12/02/1999, 20/04/2004 y 07/07/2009).

Ello implica, cuando se siga un procedimiento judicial para la fijación de las lesiones padecidas, que el plazo únicamente comenzará a correr desde que el mismo se agote, ya que sólo en ese momento se sabrá con certeza cuáles son las dolencias y secuelas que el actor padecerá a consecuencia del accidente ((véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 06/05/1999, y 26/12/2005) y el alcance del daño causado ((véase la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 09/02/2006).

Los procesos penales, deducidos a consecuencia de un accidente de trabajo, impedirán que pueda comenzar a correr el plazo prescriptivo de la acción sobre reclamación de daños y perjuicios derivada de ese accidente (véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 10/12/1998, 06/05/1999 y 20/04/2004).

Conviene destacar que los perjuicios derivados de un accidente de trabajo serán únicos, pues existirá un solo daño que hay que compensar o indemnizar por las distintas reclamaciones y que ha de existir también, en principio, un límite en la reparación del daño (véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 02/10/2000, 08/04/2002, 03/06/2003 y 30/01/2008), de tal suerte que cuando exista el derecho a varias indemnizaciones se considerará que las diversas indemnizaciones serán compatibles, pero complementarias, lo que entrañará que habrá que deducirse del monto total de la indemnización reparadora lo que se haya cobrado ya de otras fuentes por el mismo concepto" (véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 10/07/2007, 02/10/2007, 21/01/2008, 20/10/2008 y 03/02/2009). 

En Sentencia de fecha 30/01/2018, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias [6](Núm. de Resolución: 182/2018; Núm. de Recurso: 2686/2017; Ponente: Dª. CARMEN HILDA GONZALEZ GONZALEZ) recuerda, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 03/05/2017, que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene, desde su génesis, un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. 

La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una "incertidumbre" sobre la cobertura del seguro que hace necesaria la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha "incertidumbre" no resulta despejada por la resolución judicial,

Por lo tanto, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo de los intereses de demora. 

Sin embargo, en la apreciación de esta causa de exoneración, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha venido manteniendo una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados (véanse, entre otras, las Sentencias de la Sala Primera de fechas 04/12/2012 y 05/04/2016).

A juicio de la jurisprudencia civilista, ha de descartarse que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. 

El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar (véanse, entre otras, las Sentencias de la Sala Primera de fechas 07/06/2010, 29/09/2010, 01/10/2010, 26/10/2010, 31/01/2011, 01/02/2011 y 26/03/2012).

Como advierten, entre otras, las Sentencias de la Sala Primera de fechas 20/01/2017, 08/02/2017, /se ha valorado "como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura, en cuanto hechos determinantes del nacimiento de la obligación, si bien la jurisprudencia más reciente es aún más restrictiva y niega que la discusión judicial en torno a la cobertura pueda esgrimirse como causa justificada del incumplimiento de la aseguradora cuando la discusión es consecuencia de una oscuridad de las cláusulas imputable a la propia aseguradora con su confusa redacción ... (es) criterio constante en la jurisprudencia no considerar causa justificada para no pagar el hecho de acudir al proceso para dilucidar la discrepancia suscitada por las partes en cuanto a la culpa, ya sea por negarla completamente o por disentir del grado de responsabilidad atribuido al demandado en supuestos de posible concurrencia causal de conductas culposas (...), del mismo modo que no merece tampoco para la doctrina la consideración de causa justificada la discrepancia en torno a la cuantía de la indemnización, cuando se ha visto favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia en la tasación del daño causado, a fin de facilitar que el asegurado obtenga una pronta reparación de lo que se considere debido (...), sin perjuicio, ..., de que la aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho a la restitución de lo abonado".

Asimismo, se niega por esa doctrina jurisprudencial que la iliquidez inicial de la indemnización que se reclama, cuantificada definitivamente por el órgano judicial en la resolución que pone fin al pleito, permita valorar ese proceso como causa justificadora del retraso (véase la Sentencia de la Sala Primera de fecha 12/01/2017):

Partiendo de lo expuesto, la Sala Cuarta ha abordado la cuestión considerando en algunas ocasiones que, efectivamente, cabía exonerar a la aseguradora de los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de  Seguro, mas se daba la circunstancia de que, o bien era controvertida la inclusión del actor en la póliza (véase la Sentencia de la Sala Cuarta de fecha 15/03/1999), o la postura inicial de la aseguradora estaba avalada por la interpretación jurisprudencial entonces vigente (véase la Sentencia de la Sala Cuarta de fecha 18/04/2000), o se discutía la naturaleza común o profesional de la enfermedad resultante (véase la Sentencia de la Sala Cuarta de fecha 14/11/2000), o estaba en discusión la fecha del hecho causante que determinaba la vigencia de la póliza, el cual no quedó fijado hasta que se dictó la sentencia recurrida (véase la Sentencia de la Sala Cuarta de fecha 26/06/2001). 

No huelga significar que en esa misma línea, se dictaron las Sentencias de la Sala Cuarta de fechas 26/07/2006, 10/11/2006 y 30/04/2007:

Amén de lo anterior, conviene tener en cuenta que el carácter netamente sancionador de la obligación impuesta en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro no excluye un aspecto también compensatorio de las consecuencias perjudiciales que el retardo en el percibo de la indemnización comporta para el accidentado. 

JURISPRUDENCIA REFERENCIADA

[1] Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 06/06/2019; Núm. de Resolución. 880/2019; Núm. de Recurso: 771/2018; Ponente: D. JOSE MANUEL YUSTE MORENO;

[2] Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 11/02/2018; Núm. de Resolución. 1039/2018; Núm. de Recurso: 1653/2016; Ponente: D. ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER;

[3] Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 03/07/2019; Núm. de Resolución. 1034/2019; Núm. de Recurso: 751/2018; Ponente: D. JOSE MANUEL YUSTE MORENO;

[4] Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  de fecha 18/07/2019; Núm. de Resolución. 1986/2019; Núm. de Recurso: 4436/2017; Ponente: Dª. MARIA DEL CARMEN PEREZ SIBON;

[5] Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  de fecha 27/06/2019; Núm. de Resolución. 624/2019; Núm. de Recurso: 3194/2018; Ponente: D. FRANCISCO JOSE VILLAR DEL MORAL;

[6] Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 30/01/2018; Núm. de Resolución. 182/2018; Núm. de Recurso: 2686/2017; Ponente: Dª. CARMEN HILDA GONZALEZ GONZALEZ;

DERECHO DE IMAGEN

Ilustración obra de Frederic Remington.

JOSÉ MANUEL ESTÉBANEZ IZQUIERDO
JUEZ SUSTITUTO