EL CONCEPTO DE "UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA" A LOS EFECTOS DEL DERECHO AL PERCIBO DE UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA

En esta entrada del blog de la Ventana Jurídica examinamos, de un modo breve y conciso, el concepto de "unidad económica de convivencia" a los efectos del reconocimiento del derecho al percibo de una pensión de invalidez no contributiva.

Señala el art. 363 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que tienen derecho a la pensión de invalidez no contributiva las personas que cumplan los siguientes requisitos:  a) ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad; b) residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión; c) estar afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al 65 por ciento; y d) .carecer de rentas o ingresos suficientes. -considerándose que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la  pensión de invalidez en su modalidad no contributiva fijado, en su importe anual, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado-.

Para el supuesto de que el solicitante de la pensión no contributiva careciese de rentas o ingresos propios y conviviese con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de aquella sea inferior al límite de acumulación de recursos obtenido conforme a los siguientes requisitos: a) los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno; y b) cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de acumulación de recursos serán equivalentes a dos veces y media la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del art. 363 -cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno-;

Se considerarán como ingresos o rentas computables, cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional. Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijos a cargo.

Las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables, por razón de convivencia en una misma unidad económica, la residencia en territorio español y el grado de discapacidad o de enfermedad crónica condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella.

Como es sabido, la Jurisprudencia llegó a interpretar que "la unidad económica de convivencia" estaba constituida por las personas que convivían en el mismo domicilio con independencia de que el lazo de parentesco fuera por afinidad o por consanguinidad más lejano que el segundo grado (véase la  Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19/01/2000).

No obstante, el Tribunal Supremo modificó dicho criterio por  su Sentencia de fecha 19/05/2004, que estableció que la "unidad "unidad de convivencia legal" no era la que se había defendido en aquella primera sentencia sino que la noción legal era más estricta puesto que limitaba los integrantes de la unidad a las personas situadas dentro del segundo grado de consanguinidad, con eliminación de los que no se hallaran dentro de ese círculo concreto.

Tal y como se razonaba en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26/04/2007, el problema fundamental surge en relación con la determinación de los miembros que integran la unidad de convivencia legal, que no coincide con el número de personas que, con aportación o no de sus recursos, pueden convivir en una determinada vivienda u hogar, ni con los que ligados por relaciones de parentesco mantienen esa convivencia. 

La noción contenida en el art. 364.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015 es más estricta, pues dicho precepto dispone que: "Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado".

En definitiva, la "unidad legal de convivencia" quedará así limitada a la que formen, únicamente, determinados parientes, que en lo esencial coinciden con los que tienen entre ellos obligación de alimentos (así el artículo 143 del Código Civil prevé que: "Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente: /  1.° Los cónyuges. /  2.° Los ascendientes y descendientes. / Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación").

Bibliografía referenciada:

- [1] Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social;

-  [2] Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil;

-  [3] Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19/01/2000;

-  [4] Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19/05/2004;

-  [5] Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26/04/2007;

JOSE MANUEL ESTEBANEZ IZQUIERDO

JUEZ SUSTITUTO